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En diálogo con LA FM y RCN Radio, Perry señaló que a la fecha se han entregado a los damnificados por esa captadora $93.626 millones, como parte del proceso de liquidación de DMG, un capítulo que aún no se ha cerrado.
"La liquidación de DMG no ha terminado, durante todo este tiempo, desde la intervención, se han reconocido a los damnificados un total de $93.626 millones, pero aún se adeudan $1 billón 32 mil millones", señaló la agente liquidadora.
Dijo que pese a los esfuerzos de las autoridades judiciales, en especial la Fiscalía, todavía no se han podido recuperar todos los bienes de los responsables de esta captadora de dinero.
Sin embargo, Perry fue enfática en señalar que el único responsable de esta estafa es David Murcia Guzmán y es él el quien debe reparar a las víctimas de la captadora.
Sostuvo que fueron más de 224 mil las personas que han reclamado sus dineros tras el cierre de la captadora.
Lotes
Sobre los 3 lotes en donde se entregaban los productos y dineros producto de la pirámides y que están ubicados en la autopista norte en Bogotá, la agente liquidadora señaló que ha sido un proceso tortuoso para reclamar estos bienes, ya que los presuntos dueños "han puesto todo tipo de trabas y entablado varias tutelas, pero la idea es, una vez recuperados, monetizarlos para entregarlos a los damnificados".
La SuperSociedades ha efectuado en lo corrido del año un total de 166 intervenciones por captación ilegal, de las cuales 128 corresponden a personas naturales y 38 a empresas.
Según indicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, "a la fecha, David Eduardo Helmut Murcia Guzmán y otras 25 personas naturales y jurídicas continúan intervenidas por captación ilegal de dineros del público por haber participado en el esquema DMG".
El jefe del organismo insistió en que "toda actividad de captación de recursos del públicos está sujeta al control y supervisión de las autoridades. Quien desarrolle, promueva o participe en este tipo de actividades por fuera de la ley, se expone a drásticas sanciones administrativas y penales, que pueden llegar hasta 20 años de cárcel".
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