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Continúa el juicio ante la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara César Cristian Gómez Castro, quien es procesado por los delitos de tráfico de influencias, interés debido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Los hechos por los que se enfrenta a la justicia se remontan cuando se ejerció el cargo de alcalde de la ciudad de Popayán (Cauca) entre 2016 y 2019.
Gómez Castro es procesado ante la Corte Suprema de Justicia por haber firmado, presuntamente, un contrato con la Fundación Para El Fomento y Desarrollo Social, (Fundexo), reconocida entidad de Popayán.
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Según el fiscal del caso, Gabriel Sandoval Vargas, Gómez Castro se habría apropiado de recursos públicos en 2016 que superó los 90 Salarios Legales Mínimos Mensuales (MLMV) a la época.
En medio de la diligencia judicial, el juez del caso manifestó que el congresista por el Partido Liberal podría tener una rebaja de pena hasta de la sexta parte tras la aceptación de cargos. Contrariamente, el representante optó por negar su presunta responsabilidad y se declaró inocente.
"Su señoría, me declaro inocente de los cargos que ha emitido la Fiscalía", declaró el representante a la Cámara.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, afirmó que se demostraría con pruebas documentales de investigadores del CTI en cuanto a facturas, informes comprobantes, consignaciones, entre otras pruebas, que comprometerían al representante Gómez Castro, quien habría solicitado apoyos a entidades públicas y privadas para la campaña en 2016, en plena Semana Santa.
"En su condición de alcalde de Popayán, Cesar Cristian Gómez Castro, como ordenador del gasto, se apropió a favor de terceros de recursos públicos en cuantía para el 2016 que superó los 90 SMLMV en detrimento del erario del municipio de Popayán", sostuvo el fiscal Gabriel Sandoval.
Entre otras implicaciones, y según la Corte Suprema de Justicia, tienen que ver con su presunta influencia de forma indebida en el entonces secretario de Tránsito de Popayán para que no se inmovilizara un vehículo.
En este sentido, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia expuso que solicitaría los testimonios de los funcionarios Roberto José Díaz y Juan Carlos Ortega, quienes serían testigos cuando se firmó dicho contrato en la alcaldía de Popayán con la secretaría de Tránsito y Transporte.
Otro testimonio sería el de Rubén Caicedo, secretario de tránsito y transporte, además también el testimonio de Claudia Jimena García, quien fungió como secretaria de Hacienda de Popayán.
Según trascendió, García abandonó su cargo por oponerse y dar observaciones frente a este contrato, que tenía como objetivo concesionar unos servicios de la secretaría de Tránsito relacionados con el sistema de inteligencia de movilidad para la ciudad.
En cuanto al delito de tráfico de influencias endilgado al congresista Gómez, se remonta a cuando, aparentemente, nombró nueve veces a un funcionario de su alcaldía como alcalde encargado.
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En este sentido, se señala a León Zúñiga Bolívar, quien no podía asumir esta responsabilidad, por no contar con las facultades legales ni constitucionales para hacerlo.
Según datos de su corporación legislativa, Cristian Gómez está en la Comisión Cuarta Constitucional Permanente y la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad y su posición frente a Gustavo Petro ha sido de independencia.
Por todo lo anterior, la Fiscalía General de la Nación ha señalado al hoy representante de estar en medio de dichos escándalos de presunta corrupción donde se asegura que, durante su periodo como administrador de Popayán se entregaron de manera directa contratos que superaron los 1.500 millones de pesos.
