Corte Suprema confirma condena contra exmagistrado Leonidas Bustos y pide agilizar su extradición

Los magistrados solicitaron al Gobierno nacional agilizar las gestiones diplomáticas con Canadá para lograr su regreso a Colombia.
José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, pagará más de diez años de prisión por ser la cabeza del 'Cartel de la toga'.
José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, pagará más de diez años de prisión por ser la cabeza del 'Cartel de la toga'. Crédito: Colprensa

Los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmaron la condena de 10 años y un día de prisión impuesta al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez como uno de los protagonistas del escándalo de corrupción judicial conocido como el ‘cartel de la toga’.

En la misma sentencia requirió de manera urgente al Gobierno Nacional para que se adelanten todas las gestiones diplomáticas necesarias para lograr que se haga efectiva su extradición a Colombia.

Ante la contundencia de las pruebas el alto tribunal dejó en firme la condena contra Bustos Martínez por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir.

La red criminal del ‘cartel de la toga’

Este caso se relaciona con su participación en la red criminal y de corrupción a la que pertenecieron varios abogados litigantes y que contactaba a integrantes del Congreso con el fin de cobrar sumas de dinero a cambio de interferir a su favor en procesos penales.

Los magistrados determinaron que se probaron las conductas criminales atribuidas a Bustos Martínez y señaló que el exmagistrado, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema, con su comportamiento materializó varias traiciones “a la ciudadanía, a la Colegiatura que lo acogió, a la tradición histórica de esta última, y al rol de la más alta dignidad judicial al que un abogado, en el ámbito nacional, puede aspirar”.

En la sentencia se señala: “La Corte condena y rechaza el contexto de corrupción judicial acaecido. Esta decisión y esta reflexión se erigen como un mensaje para el porvenir de toda la Rama Judicial: la imparcialidad, la transparencia, la autonomía y la ética judicial son valores innegociables”.

Así mismo, se enfatiza por la Corte Suprema que por ello” se debe velar de forma mancomunada para que hechos como los aquí juzgados no vuelvan a ocurrir. Jamás”.

La Sala consideró significativo censurar, sin matices de ninguna naturaleza, los actos corruptos de quienes traicionaron el juramento que un día prestaron como en este caso el exmagistrado Bustos e indicó “por el daño generado en la confianza al sistema judicial, por la sombra que tal proceder causó sobre todos los servidores judiciales del país, quienes, sin duda, cumplen, con abnegación y rectitud, sus labores”.

“Sin duda, cuando la justicia se pervierte y se deja seducir por intereses ilegítimos, no solo falla el individuo que la representa, sino que, se quiebra la imagen y la confianza institucional en una rama del poder público que, por esencia, es el sostén del Estado Social y Democrático de Derecho”, añadió.

El llamado a agilizar la extradición desde Canadá

En la sentencia, la Sala exhorta al Gobierno Nacional para que, a través de la Cancillería y la embajada de Colombia en Canadá, se hagan las gestiones para que el exmagistrado Bustos Martínez sea puesto a disposición de las autoridades colombianas y responda por los graves hechos cometidos.

Para este fin, los magistrados hacen un llamado a valerse del marco de cooperación judicial internacional y al principio de reciprocidad que ha llevado a Colombia a estudiar varias peticiones de solicitudes de extradición de Canadá, incluso sobre las que se ha emitido concepto favorable por parte de la corporación.

“La sustracción de Leonidas Bustos Martínez a la acción de la justicia colombiana, además de comprometer la efectiva ejecución de la pena, deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado frente a un contexto de corrupción judicial que exige un reproche punitivo condigno con la gravedad de la conducta ejecutada por el procesado y el superlativo daño institucional y social causado”, enfatiza el fallo de condena.


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