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La Corte Constitucional acaba de poner nuevas órdenes sobre la mesa para intentar destrabar la crisis de infraestructura carcelaria que enfrenta el país.
De acuerdo con la decisión, se incluyen dos medidas fundamentales, por un lado, buscar soluciones para construir y adecuar cárceles y, por otro, sacar de las estaciones de Policía a 2.615 personas privadas de la libertad que llevan más de un año en esos lugares, pese a que están destinados únicamente para detenciones transitorias.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario, mediante el Auto 1460 de 2026, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Las entidades tendrán que destrabar las obras carcelarias
Uno de los principales problemas que encontró la Corte es que el modelo tradicional de financiación pública y ejecución estatal ha resultado insuficiente para responder al déficit de cupos y mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios.
Pero el problema no es solamente la falta de recursos. También hay proyectos que no avanzan, obras inconclusas y espacios que, aunque recibieron inversiones, no están funcionando ni se han convertido en nuevos cupos para las personas privadas de la libertad.
La Procuraduría documentó deterioro estructural, fallas en los servicios sanitarios y obras sin terminar. Y la Contraloría identificó 122 hallazgos, además de advertir que las inversiones realizadas no han generado cupos efectivos ni han permitido poner en funcionamiento espacios operativos.
La Corte encontró cuatro dificultades principales: primero, se han calculado por debajo los costos y los tiempos necesarios para ejecutar las obras; segundo, existe una dependencia casi exclusiva de los recursos públicos; tercero, se ha privilegiado la construcción de infraestructura física sin atender suficientemente los programas de resocialización y las condiciones de reclusión; y cuarto, no se han comparado suficientemente las diferentes alternativas para financiar y ejecutar los proyectos.
Una mesa técnica para buscar soluciones
Frente a este panorama, la Corte ordenó crear una mesa técnica interinstitucional que tendrá que identificar por qué están frenados los proyectos y establecer cómo se pueden sacar adelante.
En esa instancia deberán participar el Ministerio de Justicia, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, la USPEC, el INPEC y la Sociedad de Activos Especiales.
También tendrán participación, con voz técnica, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. ¿Y qué tendrán que hacer? Básicamente, revisar las barreras jurídicas, técnicas, presupuestales y administrativas que han impedido avanzar; comparar las diferentes modalidades de contratación y financiación, y determinar cuál resulta más conveniente para cada proyecto.
Aquí hay un punto importante, la Corte no está ordenando que las cárceles se construyan mediante asociaciones público-privadas, ni está imponiendo una modalidad contractual específica.
Lo que está exigiendo es que las entidades estudien todas las alternativas disponibles, incluidas la obra pública, la contratación estatal ordinaria y las asociaciones público-privadas, y justifiquen técnicamente cuál conviene en cada caso.
De hecho, la Sala encontró un problema de coordinación institucional, la Agencia Nacional de Infraestructura informó que no está estructurando proyectos penitenciarios porque el Ministerio de Justicia no se lo ha solicitado.
Para la Corte, esto evidencia que las entidades no han trabajado conjuntamente para evaluar las opciones que permitirían superar el déficit de infraestructura.
La mesa tendrá dos plazos importantes, tres meses después de su instalación para presentar un primer informe con las barreras identificadas y los establecimientos que deben ser priorizados; y seis meses para entregar un diagnóstico estructural definitivo, recomendar las alternativas para cada proyecto y establecer una hoja de ruta con responsables, cronogramas y metas verificables.
Las funciones de seguridad seguirán en manos del Estado
La Corte también dejó claras las condiciones que deberán respetarse si se contempla la participación de privados en la construcción o financiación de las cárceles.
Las funciones de seguridad, vigilancia, custodia y tratamiento penitenciario no podrán entregarse a particulares. Seguirán siendo responsabilidad del Estado.
Sumado a eso, cualquier contrato deberá incluir indicadores de desempeño, mecanismos de supervisión y cláusulas que impidan que las nuevas instalaciones terminen reproduciendo situaciones de hacinamiento.
La Corte fue enfática en que los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad deben estar por encima de cualquier consideración de rentabilidad económica.
2.615 personas llevan más de un año en estaciones de Policía
Pero la decisión también incluye una orden inmediata que busca atender una de las situaciones más graves de la crisis carcelaria, la permanencia prolongada de personas privadas de la libertad en estaciones de Policía.
De acuerdo con cifras de la Policía Nacional del 6 de abril de 2026, la Corte encontró que 2.567 personas imputadas y otras 48 condenadas llevaban más de un año en estos lugares.
En total, son 2.615 personas que permanecen en espacios que no fueron diseñados para funcionar como cárceles.
Hay que recordar que las estaciones de Policía son centros de detención transitoria y que el límite constitucional de permanencia es de 36 horas.
Por eso, la Sala considera que mantener durante meses e incluso años a estas personas en esas condiciones representa una vulneración grave, sistemática y continuada de sus derechos fundamentales.
Frente a esta situación, ordenó al INPEC, a la USPEC y a la Policía Nacional elaborar, dentro de los próximos dos meses, un plan de traslado progresivo de estas 2.615 personas.
Ese documento deberá identificar a cada persona, establecer a qué establecimiento será trasladada, verificar los cupos disponibles y fijar metas mensuales que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de la orden.
Sumado a eso, hay una condición fundamental: los traslados no podrán generar nuevas situaciones de hacinamiento en las cárceles receptoras. Si no existen cupos suficientes, el plan tendrá que contemplar medidas para enfrentar esa dificultad.
El hacinamiento no se resuelve solamente construyendo cárceles
Finalmente, la Corte hizo dos llamados adicionales; por un lado al Congreso de la República le pidió evaluar mecanismos para financiar, construir, adecuar y mantener la infraestructura destinada a la detención transitoria, teniendo en cuenta la política de desmonte progresivo de estos centros.
Y también exhortó al Congreso y al Consejo Superior de Política Criminal a estudiar medidas para reducir la demanda de cupos carcelarios.
Entre las alternativas mencionó mecanismos diferentes a la prisión, medidas distintas a la detención preventiva, programas de prevención del delito, resocialización y mecanismos de libertad anticipada.
La advertencia de la Corte es clara, construir más cárceles puede ayudar a enfrentar el déficit de cupos, pero por sí solo no soluciona el hacinamiento.
Se necesitan cambios en la política criminal, mejor coordinación institucional y garantías reales para los derechos de quienes están privados de la libertad.
