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La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-338 de 2018, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura promover la asistencia obligatoria a los jueces de familia del país para que acudan a capacitaciones sobre enfoque de género.
La decisión se tomó con el objetivo de fortalecer la creación de nuevos marcos interpretativos con relación a diferentes perspectivas de género que permitan la construcción efectiva de patrones culturales y evitar estereotipos discriminatorios dentro de los juzgados de familia.
El alto tribunal promulgó la sentencia a partir de una tutela interpuesta por una mujer que denunció ante un juzgado de familia de Bogotá un hecho de violencia física y psicológica hacia ella y su hija de nueve años por parte de su expareja. Según la denunciante, el despacho violó su derecho fundamental al debido proceso.
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Según relató la mujer, la autoridad judicial argumentó una supuesta infidelidad de ella para omitir los actos de violencia cometidos por su expajera.
Debido a estos hechos, la victima tuvo que salir de su casa junto a su hija, y desde ahí la situación empeoró, pues el agresor la amenazó en diferentes ocasiones con arrojarle ácido o quitarle la vida si no volvía con él, al punto de que se tuvo que ir a vivir a una casa refugio para esconderse de él.
A pesar de esta situación, una juez de familia le impuso la misma sanción que a su agresor argumentando que ella había violado una medida de protección impuesta a favor de su hija.
Después de estudiar el caso, la Corte falló a favor de la mujer al reiterar su jurisprudencia sobre el principio de igualdad y la utilización de violencia física, sexual y psicológica contra la mujer como forma de discriminación.
Adicionalmente, el alto tribunal llamó la atención sobre el papel que ejerce el Estado a través de sus jueces y magistrados y de su obligación de prevenir y propiciar a las mujeres una vida libre de violencias.
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Además, resaltó que "en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente con mayor peso que los derechos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia".
Y es que en Colombia los casos de violencia hacia la mujer cada vez son más preocupantes. Según un informe de Medicina Legal, en el año 2017 se reportaron 35.690 casos de violencia en parejas, de los cuales 8.659 casos son en Bogotá.
Asimismo, respecto a situaciones de violencia intrafamiliar, se encontraron 13.422 casos, en los que 4.631 involucraron situaciones con niñas de cero a cuatro años.
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