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El fiscal general Francisco Barbosa, reveló que ese organismo priorizó las investigaciones penales ante las denuncias sobre presuntas irregularidades en un contrato suscrito por el Ministerio de las TIC con el consorcio Centros Poblados, para llevar internet a más de 14.000 colegios en todo el territorio nacional.
El anuncio de la investigación se produjo en el marco del Sexto Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la Andi, en el cual se debatió en torno a la lucha contra la corrupción en el país.
Durante su intervención en el panel el Fiscal General dio a conocer que por la supuesta corrupción detectada en un contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que asciende a un anticipo por 70 mil millones de pesos para proveer de Internet a escuelas rurales, la entidad adelanta varias acciones investigativas.
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“El caso está priorizado está en cabeza del director nacional Anticorrupción. Existe ya la estructura de un grupo de tareas especiales, donde se involucra también al coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, y tenemos las líneas investigativas para cada uno de esos hechos”, reveló el fiscal Barbosa.
Barbosa explicó que en un principio se trata de al menos cuatro líneas de trabajo judicial.
“Entre las líneas a desarrollar está la relacionada con funcionarios públicos que habrían estado involucrados o trabajaron en la estructuración en el proceso de evaluación, en el proceso de las mismas pólizas y los documentos contractuales”, indicó Barbosa.
Así mismo, otra línea de investigación es relativa a la entidad o el contratista que presentó los documentos; una más en torno a la expedición de las pólizas y otra, para determinar cómo se produjo el giro de los recursos.
El desangre de la corrupción
De otra parte, reportó que la Fiscalía General adelanta 52.000 investigaciones tras detectar fenómenos criminales que se atan a hechos de corrupción.
“Hemos realizado 7.938 imputaciones, solicitado 1.889 medidas y logrado 1.300 condenas”, señaló el Fiscal Barbosa.
Entre los procesos en los que se han logrado avances significativos están los desarrollados por las presuntas irregularidades en los contratos al amparo de la pandemia por la covid -19.
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En ese contexto, fueron citados a imputación 33 alcaldes; judicializados tres gobernadores y dos concejales. Además, se han revisado más de 6.000 contratos.
En torno a otros hechos de corrupción, el Fiscal General señaló que “en año y medio, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia han judicializado a 6 gobernadores elegidos en octubre de 2019, y se han obtenido condenas contra 9 exgobernadores”.
