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La Fiscalía General aseguró que el contratista de Avianca y directivo de Berkeley Research Group Colombia, Laude José Fernández Arroyo habría suplantado al organismo investigador para realizar las interceptaciones ilegales a los integrantes del la Asociación Colombiana de Aviadores (Acdac).
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El fiscal del caso explicó que para ejecutar cualquier acción frente a equipos y comunicaciones se deben tener autorizaciones legales porque “la única entidad autorizada para interceptar comunicaciones telemáticas e informática es la Fiscalía General de la Nación a través del sistema o la plataforma Esperanza”.
En el expediente se manifiesta que Fernández Arroyo se concertó con varios abogados de la aerolínea para realizar los seguimientos a las redes sociales y chats de WhassApp. Debido a la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, la Fiscalía le pidió a un juez de garantías privarlo de la libertad en centro carcelario.
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El delegado del ente acusador reseñó que en los computadores de quienes conformaron la ‘red de chuzadas’ en Nariño los investigadores encontraron una carpeta titulada ‘Avianca’ en la que se guardaban los correos y mensajes supuestamente obtenidos a través de la interceptación a los integrantes de Acdac.
La Fiscalía reveló que Julieth Marcela Sánchez habría sido la funcionaria de Avianca que solicitó la información supuestamente ordenada por Fernández Arroyo a esta red.
“La abogada del área jurídica de Avianca ella hace esa solicitud su señoría y a través de diferentes funcionarios de Avianca, entre ellos, la señora Clara Janeth Benítez Zabala que a la vez su señoría trasmite esta información esta petición vía WhassApp al capitán Julián Pinzón”, expresó el fiscal.
El ente investigador indaga si las ‘chuzadas’ y seguimientos por parte de la organización son idóneas o por el contrario les vendían información ficticia a cambio de dinero.
Esto debido a que en algunos casos no coinciden los datos suministrados por la red que era integrada por oficiales en retiro de la Fuerza Pública.
