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Luego de que la Corte Constitucional determinara que las consultas populares no pueden prohibir las actividades mineras porque el subsuelo es de propiedad del Estado y la decisión de una localidad no puede imponerse a los intereses de la Nación, fuentes de ese alto tribunal explicaron los alcances de la decisión.
Se trata de una sentencia unificada, lo que quiere decir que las otras consultas populares que se han hecho en ocho municipios del país y en las que también ganó el 'no' serían jurídicamente ineficaces. Así las cosas, no podrían aplicarse y por lo tanto en esas regiones las multinacionales pueden continuar con sus actividades de exploración, extracción o explotación.
Los otros municipios que le han dicho no a la minería son: Pijao en Santander, Piedras y Cajamarca en el Tolima, Cabrera y Arbeláez en Cundinamarca, Tauramena en Casanare y Sucre y Jesús María en Sucre.
(Vea además: Consultas mineras no pueden vetar intereses de la Nación: Corte Constitucional)
La decisión de la Corte se dio tras revisar una tutela instaurada por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada contra la consulta popular que prohibió la minería en el municipio de Cumaral (Meta).
La Corte le ordenó al Congreso que defina, en menos de dos años, otros mecanismos de participación ciudadana y parámetros de la consulta previa frente a los proyectos de mineros.
Al respecto, algunos de los legisladores adelantaron que buscarán establecer normas para contrarrestar esta sentencia que, según ellos, afecte el derecho a la vida y al agua que tienen los colombianos que habitan en esas regiones.
El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, dijo que insistirá en el proyecto de ley de concertación minera, para que cualquier actividad de explotación sea consultada con la ciudadanía.
(Lea: Congresistas buscarán legislar para contrarrestar fallo sobre consultas mineras)
A su turno, el senador Alexander López, del Polo, dijo que la Corte Constitucional le entregó un cheque en blanco al Gobierno y señala que es muy grave que cinco magistrados hayan tomado una decisión que le compete a millones de colombianos.
Hay quienes consideran que los congresistas deben estar “a la altura” de las exigencias del cambio climático y el calentamiento global.
