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El Consejo de Estado decidió anular la decisión de la Procuraduría, que en el año 2013 sancionó por 18 años a la exsenadora Piedad Córdoba; fueron 17 votos a favor de tumbar la sanción que la inhabilitaba y 6 en contra.
El alto tribunal apoyó la ponencia del magistrado Willian Hernandez, quien manifestó que la destitución de la excongresista liberal fue ilegal, ya que los datos extraídos del computador de Raúl Reyes, donde aparentemente se evidenciaban nexos entre las Farc y Córdoba, no tenían sustento, pues los computadores no tuvieron desde el inicio cadena de custodia y en el proceso de traslado pudieron incluirse documentos irreales.
Hace tres años, la Procuraduría acusó a Piedad Córdoba de intercambiar informacion con las Farc sobre temas relacionados con la liberación de secuestrados y colaborar con la defensa judicial de algunos de los exjefes guerrilleros.
Según el fallo disciplinario, "la congresista dio información a las Farc sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados, concedió declaraciones en diferentes actos públicos, colaboró con la defensa de algunos exjefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer a las Farc".
En el 2012, la Procuraduría había ejecutado una primera inhabilidad de 14 años a la senadora por aparentemente haber financiado con 25 millones de pesos la campaña de Ricardo Montenegro a la Cámara en 2010, cuando ella ejercía como parlamentaria.
