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El Consejo de Estado aceptó estudiar a fondo una demanda que busca anular el Decreto 328, que expidió el Gobierno, con el cual se fijan los lineamientos para adelantar proyectos piloto de fracking.
El despacho del magistrado Nicolás Yepes será encargado de estudiar dicha demanda, que fue interpuesta por un grupo de congresistas y miembros de organizaciones ambientales, quienes dicen que el Gobierno no está cumpliendo con las condiciones dadas por el Consejo de Estado para el desarrollo de los pilotos.
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En la demanda se señala que se está violando el derecho a la participación de las comunidades indígenas y tribales, frente a la expedición de los lineamientos para adelantar los proyectos.
También se indica que el decreto viola el principio de precaución frente a la prevención de daños ambientales y el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano.
“La norma acusada desatiende las obligaciones del Estado de proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación, de prevenir y controlar factores de deterioro ambiental y de preservar un ambiente sano, así como también implican un desconocimiento del derecho de todas las personas a gozar de un ambiente saludable”, se indica en la demanda.
Los demandantes pidieron al Consejo de Estado suspender provisionalmente el decreto, como una medida cautelar, mientras se toma una decisión de fondo sobre la petición de tumbarlo.
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“En la medida en que esta demanda se ha demostrado que el Decreto número 328 del 28 de febrero de 2020, viola de manera evidente la Constitución Política y normas del ordenamiento jurídico nacional, solicitamos respetuosamente que ésta sea suspendida hasta que la Corporación resuelva”, se señala en la petición.
En el despacho del magistrado Ramiro Pazos, del Consejo de Estado, avanza otra demanda que pide eliminar la posibilidad de exploración y explotación de petróleo y gas en el país, a través de yacimientos no convencionales o fracking.
Lo que esta pendiente en ese proceso es la fecha para continuar con las audiencias públicas. Dicho proceso permitió al Gobierno avanzar en proyectos piloto de fracking, pero con una serie de condiciones, entre ellas, licencia social y veeduría ciudadana.
