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En los tres casos la Sección Tercera encontró ciertos patrones que llevan a concluir que se presentaron acciones ilegales.
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Inclusive, en uno de los casos, se comprobó que la víctima era una persona con discapacidad mental, lo cual lo hacía vulnerable ante el accionar de los militares que lo presentaron como un presunto narcotraficante.
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“El Estado debía cumplir con su deber positivo, concretado en la protección de la vida e integridad de las personas que se vieron afectadas, y no a desplegar “falsas acciones para el cumplimiento de mandatos constitucionales” como única justificación para poder aniquilar o exterminar a personas ajenas al conflicto armado, pero de las que se sirve el aparato militar para garantizar resultados, contradiciendo tanto las normas convencionales, como el orden constitucional, y poniendo en cuestión su propia legitimidad democrática”, indicó la sentencia.
