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Por poner a la población en una situación de riesgo excepcional y no tener en cuenta una directiva presidencial que ordenaba su traslado, el Consejo de Estado condenó a la Nación –representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional- por el carro bomba que estalló en cercanías al edificio en el que se encontraba la oficina del Gaula de la Policía en la ciudad de Medellín en hechos registrados el 30 de julio de 1999.
El alto tribunal determinó que se presentaron muchas fallas para proteger a las personas que vivían en las casas cercanas a la sede de la Institución, reseñando que las medidas de protección y seguridad que se adoptaron no fueron suficientes, teniendo en cuenta el complejo ambiente de orden público que se vivía en la capital de Antioquia.
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En el debate jurídico, el Consejo de Estado determinó que estas fallas permitieron el tránsito de un vehículo cargado con explosivos. Igualmente se tuvo en cuenta el desconocimiento de la resolución presidencial que ordenó que el traslado de la oficina a la sede de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
Los testimonios presentados por la parte demandante señalaron que solamente exista un filtro de seguridad por 24 horas que realizaba la respectiva requisa a las personas que querían ingresar a la oficina y evitaba que los vehículos se parquearan frente a las instalaciones. Situación que fue considerada como insuficiente frente a la realidad nacional.
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Considera el Consejo de Estado que para la época de los hechos se habían registrado varios atentados contra los integrantes de la Fuerza Pública y la población civil hecho por el cual las autoridades debían aumentar los mecanismos de protección y defensa. En el caso materia de estudio, la guerrilla de las Farc se atribuyó la planeación y ejecución del acto terrorista.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo rechazó los argumentos esgrimidos por los abogados del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional al considerar que la ubicación de esas oficinas en un sector plenamente residencial puso a todos sus habitantes en un riesgo que no tenían la obligación de soportar.
Debido a esto se ordenó el pago de una indemnización por daños y perjuicios a los integrantes de una familia que resultó gravemente afectada por la explosión y que perdió a un ser querido.
