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El magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, ha recibido cuestionamientos por cuenta de las revelaciones de unos chats que la exconsejera Sandra Ortiz le entregó a la Fiscalía, en los que se advierte que se habría pagado una millonaria suma para acelerar su elección dentro del alto tribunal.
Según las revelaciones, el entonces presidente del Senado, Iván Name, supuestamente habría recibido 3.000 millones de pesos provenientes de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) para agilizar esta elección.
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Ante esto, fue presentada una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que ya avocó conocimiento de esta acción que se presentó.
En la denuncia se pide iniciar “investigación penal y disciplinariamente al doctor Vladimir Fernández para la fecha de los hechos, en su condición de asesor jurídico de la Presidencia de la República, a fin de determinar si él mismo manipuló indebidamente su elección como magistrado de la Corte Constitucional, conforme a declaraciones de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz Nocuа”.
De igual forma, se solicitó “una investigación sobre la información divulgada ampliamente por la Revista Semana, y que ya es de dominio público, referida a unas gestiones adelantadas ante el entonces presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez, por el hoy aforado constitucional Vladimir Fernández Andrade, para agendar en el orden del día la elección de magistrado de la Corte Constitucional”.
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En el auto emitido por la Comisión de Acusación, también se solicitó el acompañamiento de las autoridades correspondientes y se citará al representante Christian Garcés, al presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos y a Samuel Alejandro Ortiz, denunciantes de este caso, para que amplíen su versión sobre estos hechos.
