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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, a 23 años de cárcel por el escándalo de "las Marionetas 2".
Según precisó la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, se determinó su participación en el caso conocido como 'Marionetas 2', una extensión del entramado de corrupción y desvío de contratos que encabezó el fallecido exsenador liberal Mario Castaño.
Castaño reconoció ante la Corte Suprema de Justicia haber sido líder de una red criminal que acordó, entre 2020 y 2022, desviar contratos de obras públicas para sacar coimas.
Falleció en noviembre de 2023 por un infarto agudo de miocardio, mientras pagaba su condena.
El modus operandi de Castaño, al parecer, se replicó en el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
La Sala de Instrucción investigó —y continúa con otras líneas de trabajo— el direccionamiento indebido de contratos en la entidad a cambio de coimas o apoyo electoral.
¿Aprovechó cargo para 'torcer' contratos? detalles del proceso
La causa ha tenido avances y estanques. En diciembre de 2023, la Corte ordenó capturar al senador Ramírez como sospechoso de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Según la Sala de Instrucción, Ramírez aprovechó cargo para torcer trece contratos de obras en Quindío y Tolima, beneficiándose con coimas.
El contratista Anderson González y la exasesora de Ramírez Katherine Rivera están en juicio por el mismo caso. La Sala de Primera Instancia avaló la teoría del caso.
Ciro Ramírez permaneció en la cárcel La Picota un año y cuatro meses. La Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad en mayo de 2025, considerando que ya recopiló todas las pruebas en su contra. Permanecía procesado y seguía en el Senado, a la espera de una sentencia.
Los otros implicados en el entramado criminal
La Fiscalía ha acusado a cinco implicados, incluyendo a Anderson González y Katherine Rivera. Uno de ellos es Andrés José Ospina Rosales, quien presuntamente concertó con el senador Miguel Barreto (Partido Conservador) y el exdirector del DPS Pierre García la adjudicación de varios contratos.
Ser el aparente beneficiario de la gestión de Barreto en los convenios, provocó que la Fiscalía compulsara copias para que la Corte Suprema investigue al congresista conservador, quien asimismo enfrenta desde 2022 un juicio por falsedad en documento público y fraude procesal.
Además de los 279 meses que Ramírez deberá permanecer en prisión, la Corte le impuso una inhabilidad de 280 para ejercer cargos públicos y una multa de 22,34 mil millones de pesos.
El alto tribunal no solo le reprocha ser parte de 'las Marionetas', sino liderar el direccionamiento de contratos.
"La actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral", señala la sentencia.
El documento subraya "la gravedad de las conductas desplegadas por el congresista" al desviar convenios de construcción y mejoramiento de vías "que se traducen en un avance significativo de las condiciones de vida de la población".
El magistrado Jorge Emilio Caldas fue ponente del fallo, de 438 páginas y aprobado por unanimidad.
Ramírez acordó con Pierre García un pago de mil millones de pesos a cambio de entregarle contratos a la empresa Proyecta Quindío y fortalecer su poder político en Quindío, Caldas, Santander y Tolima.
Alejandro Noreña, exasesor del exgerente de Proyecta Pablo César Herrera —testigo clave contra Ramírez— y parte de la red de Mario Castaño, facilitó encuentros entre el directivo y el senador, quien luego logró que el DPS de García le entregara a dedo otros proyectos a la empresa. Todo, entre octubre y diciembre de 2021.
