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El 25 de agosto, el magistrado Jorge Edison Portocarrero radicó un proyecto de fallo ante una sala especial de pérdida de investidura del Consejo de Estado. Se trata de la sentencia que le pondría fin, al menos en primera instancia, a un litigio de dos años que buscaba quitarle la investidura de senador al excongresista Iván Name Vásquez.
Name, expresidente del Senado, se enfrenta a una demanda que interpuso en 2024 Juan Carlos Calderón España, hermano del actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Germán. El consejero Portocarrero, por dos años, atendió los argumentos de la solicitud entre audiencias y memoriales en su despacho.
Un mes antes de su ponencia, en una audiencia escuchó al exsenador del partido Alianza Verde, a su abogado Fahid Name Gómez —su sobrino— y al procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado, José Darío Castro Uribe. Castro se opuso a la demanda, no solo durante la diligencia —a la que tuvo acceso La FM—, sino con un oficio el 23 de julio.
Para el Ministerio Público, en el proceso no existen pruebas que acrediten "las circunstancias de tiempo, modo y lugar" en las que el entonces senador Name habría ejercido alguna influencia psicológica, presión o constreñimiento sobre la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, que también era del Verde.
Tanto Name como Ortiz enfrentan procesos penales por su presunto rol en el entramado que torció contratos y recibió coimas de parte de altos funcionarios de la administración de Gustavo Petro, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Ortiz estuvo presa desde diciembre de 2024 en medio del caso de la UNGRD. Trató de negociar con la Fiscalía a través de mesas de trabajo, pero el año pasado el ente acusador cerró la puerta a cualquier diálogo o inmunidad. Recuperó su libertad en mayo de 2026 por vencimiento de términos, pero sigue vinculada al proceso.
La demanda de pérdida de investidura se sustentó en la causal de presunto tráfico de influencias. La Procuraduría asegura que no quedó demostrada. Name habría recibido tres mil millones de pesos como soborno para facilitar el trámite de las reformas del gobierno de Petro en el Congreso mientras fue presidente, y por eso sigue detenido.
La Procuraduría asegura que no hay pruebas suficientes contra Iván Name
Quien habría coordinado la entrega de la plata fue Ortiz. Sin embargo, "la supuesta orden de entregar la suma (...) se la dio directamente Carlos Ramón González", expresidente del Verde, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hoy prófugo de la justicia, al exdirector de la UNGRD Olmedo López.
Así lo expresó el procurador Castro, quien remarcó los testimonios de López y del exsubdirector de la Unidad Sneyder Pinilla —ambos, con principios de oportunidad firmados con la Fiscalía y avalados por jueces—, que "en ningún momento señalan al señor Name Vásquez como la persona que solicitó la entrega de tal suma de dinero".
De hecho, sostuvo que ni siquiera logró probarse que el barranquillero recibió la millonaria coima. Y que, aun si el dinero hubiese llegado a sus bolsillos, "el demandado no apoyó las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo". Por el contrario, "fue un fuerte detractor" e "incluso votó en contra de tales iniciativas".
"Si en gracia de discusión confrontásemos los indicios derivados de los testimonios de los señores Olmedo y Sneyder y, de otra parte, la falta de pruebas de que el señor Name haya ejercido algún tipo de influencia por virtud de su cargo para obtener un beneficio indebido, y que tampoco está probado que recibió la suma tantas veces mencionada, se plantea un escenario de duda" que debería resolverse "en favor del demandado".
Todo depende ahora del magistrado Jorge Portocarrero y de los miembros de su sala especial de pérdida de investidura, Pedro Pablo Vanegas Gil, William Edgardo Barrera Muñoz, Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Germán Eduardo Osorio Cifuentes. La sentencia no tendría efectos prácticos, pues Iván Name ya no es senador, pero sería una pieza clave en medio del complejo entramado de corrupción de la UNGRD.
Entre tanto, Iván Name sigue preso, de forma preventiva, en la cárcel La Picota, desde donde acudió virtualmente al proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Que Carlos Ramón González siga en el extranjero no le conviene a él ni al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, vinculado al mismo expediente penal.
Las normas penales para congresistas establecen que los procesados obtienen la libertad cuando pasan más de seis meses desde la resolución de acusación sin que los magistrados instalen el juicio. Pero hay una excepción: si la Corte Suprema de Justicia decreta pruebas en el exterior, la detención puede prolongarse seis meses más.
La Corte Suprema mantiene en prisión a Iván Name y Andrés Calle por el caso de la UNGRD
Ese fue el principal argumento de la Sala de Casación Penal para ratificar que Name y Calle permanezcan recluidos. Un auto de 52 páginas de julio sostiene que los excongresistas deben seguir detenidos, porque la justicia aún no da con la ubicación precisa del exdirector González ni con su testimonio para el juicio contra los expresidentes.
La Sala de Primera Instancia, la que juzgará a las cabezas de la antigua mesa directiva del Legislativo, “decretó el testimonio de un ciudadano que se encuentra en el extranjero”, explica la decisión, que los ocho magistrados y la única magistrada de Casación Penal aprobaron unánime. No es la primera vez que la Corte deniega la libertad deniega la libertad de Name y Calle.
El alto tribunal, además, ajustó varias de las pruebas que las partes discutirán en el proceso. Por ejemplo, Primera Instancia vio innecesario que el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, testificara, pero Casación Penal no. Así que el exdirectivo, que seguramente saldrá del cargo en la transición gubernamental, tendrá que declarar sobre el trámite de la reforma pensional en el Congreso.
Pedro José Castro Espinosa, por su parte, tendrá que aportar todos los soportes del préstamo de más de dos mil millones de pesos que habría adquirido para, aparentemente, dárselos al exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien habría concretado los sobornos para el exsenador Name y el exrepresentante Calle.
Y un perito experto en criptomonedas participará en la causa para elaborar un dictamen que confirme o desmienta los supuestos movimientos de unos mil millones de pesos que Pinilla habría transferido en Bogotá y retirado en Montería para pagarle a Andrés Calle una presunta coima en el apartamento del entonces legislador.
La determinación debería darle vía libre al juicio contra los aforados. En marzo, el magistrado Jorge Emilio Caldas —cuyo período termina en octubre, cuando asuma la recién elegida magistrada Emérita Mora— convocó a los excongresistas a su audiencia preparatoria y, allí, rechazó una nulidad que había presentado la defensa de Calle.
Un auto de 97 páginas formalizó la decisión. El magistrado Caldas leyó su parte resolutiva en una audiencia a la que Name, con barba tupida que no conservaba cuando era congresista, y Calle se conectaron con filtros que evitaban mostrar la sala de la cárcel La Picota en la que se encontraban. Calle apeló, Name no.
El juicio por los sobornos de la UNGRD avanza con nuevas pruebas
Santiago Trespalacios, el abogado de Andrés Calle, le pidió a la Sala de Casación Penal considerar pruebas que la Sala de Primera Instancia no admitió y que, según él, probarían “el buen comportamiento” del expresidente de la Cámara. La defensa había solicitado anular el proceso por “inercia investigativa” de la Sala de Instrucción.
Caldas no accedió a la nulidad. El ahora exmagistrado Ariel Torres y la magistrada Blanca Barreto —presidenta de la Sala— estuvieron de acuerdo con su postura. Así que el juicio seguirá adelante, con pruebas como el testimonio del exdirector de la UNGRD Olmedo López, del exdirector del Dapre Carlos Ramón González y de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte ordenó la captura de Name y Calle en mayo de 2025. Tres meses después, los acusó por cohecho impropio y peculado por apropiación. Aunque impugnaron la acusación, en octubre la Corte la dejó en firme. La preparatoria fue el siguiente paso, luego los autos, ya vendrá el juicio y, finalmente, la sentencia.
Un día antes del arresto, Name habló en la plenaria del Congreso, como despidiéndose: “Siento que cumplí con mi deber de enfrentar el desbordamiento institucional”. La Policía ejecutó la orden de captura el 7 de mayo. Calle se entregó en el búnker de la Fiscalía mientras las autoridades adelantaban un operativo en su casa.
Según declaraciones de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, Name —de la Alianza Verde y opositor a la administración de Gustavo Petro— habría recibido un soborno de tres mil millones de pesos. Calle, liberal y aliado del Ejecutivo, habría obtenido uno de mil millones.
Pinilla, confeso corrupto y condenado a cinco años de cárcel por su participación en la red criminal, le ha relatado a la justicia que el dinero para las coimas —o para pagar el préstamo de Pedro José Castro— salió de los sobrecostos en la compra de cuarenta carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El propósito de la plata era acelerar el trámite de reformas del Gobierno, principalmente la pensional.
Quien habría ordenado entregar los recursos fue el prófugo Carlos Ramón González, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) asilado en Nicaragua que también va a juicio en la Corte. Los pagos habrían llegado a manos de los entonces parlamentarios en octubre de 2023, antes de las elecciones regionales, y habrían servido también para las campañas de familiares de los procesados, como Gabriel Calle hijo y padre, y María Clara Name.
La Fiscalía señala a Sandra Ortiz y Carlos Ramón González en medio del entramado
La intermediaria para conseguir y llevar las millonarias sumas aparentemente fue la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, detenida asimismo de forma preventiva. La Fiscalía empezó a perseguirla luego de que Sneyder Pinilla la señalara de haber recibido los tres mil millones de Name.
Ortiz, cercana a Iván Name, le habría dado maletas llenas de billetes al otrora senador en un apartamento en el norte de Bogotá. Pinilla, por su parte, ha admitido que él le entregó a Andrés Calle la plata en Montería, la capital de Córdoba, también con una maleta. El exsubdirector ha entregado chats que probarían el soborno.
Tanto González como Ortiz eran de la Alianza Verde, que los suspendió junto a Name en mayo de 2025, casi un año después de que la boyacense dejara su oficina en la Casa de Nariño. La Fiscalía le imputó a Sandra Ortiz tráfico de influencias y lavado de activos, y a Carlos Ramón González cohecho, peculado y lavado de activos.
En julio de 2024, dos meses después de que Ortiz saliera del Gobierno, la Presidencia de la República informó que la administración de Luz María Múnera, sucesora de la exsenadora, recibió “dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria”. Los equipos eran de contratistas del despacho de la exconsejera Ortiz.
La Fiscalía ha calificado al entramado de corrupción en la UNGRD como “una empresa criminal” que habrían liderado los exministros Luis Fernando Velasco, del Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó encarcelarlos de forma preventiva, mas Bonilla salió por vencimiento de términos. La Procuraduría indaga a Ortiz, Name y Calle.
De acuerdo con Pinilla, en septiembre de 2023 Ortiz y Velasco tuvieron un desayuno del que salió la orden para que el exdirector Olmedo López consiguiera dinero para sobornar a legisladores. Ortiz trató de negociar con la Fiscalía, que calificó su información como “confusa” y “contradictoria”. Velasco defiende la inocencia de él.
Andrés Calle intentó salir de prisión antes. Le pidió a la Corte Suprema concederle libertad por el nacimiento de su hijo, porque renunció a la Cámara de Representantes y porque declaró bajo juramento que no votaría en las elecciones de 2026. La Corte lo rechazó. Sandra Ortiz interpuso una tutela con el mismo objetivo, y el alto tribunal la desestimó.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué decidirá el Consejo de Estado sobre la pérdida de investidura de Iván Name?
El Consejo de Estado estudia un proyecto de fallo que resolverá en primera instancia la demanda de pérdida de investidura contra el exsenador Iván Name, presentada en 2024 por Juan Carlos Calderón España. La Procuraduría pidió negar las pretensiones porque, a su juicio, no existen pruebas suficientes de que Name hubiera ejercido influencia, presión o constreñimiento sobre Sandra Ortiz para obtener un beneficio indebido.
¿Por qué la Procuraduría considera que no hay pruebas contra Iván Name por tráfico de influencias?
El Ministerio Público sostuvo que los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla no señalan a Name como quien solicitó los tres mil millones de pesos que presuntamente serían entregados como soborno. Además, señaló que tampoco está probado que el exsenador hubiera recibido el dinero ni que hubiera utilizado su cargo para favorecer las reformas del Gobierno Petro, pues fue un fuerte opositor y votó en contra de varias de esas iniciativas.
¿Por qué Iván Name sigue preso por el caso de corrupción de la UNGRD?
Aunque el Consejo de Estado analiza una demanda de pérdida de investidura, la situación penal de Name es independiente. El exsenador permanece detenido preventivamente en La Picota y enfrenta un juicio ante la Corte Suprema por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación, relacionados con el supuesto pago de tres mil millones de pesos para facilitar el trámite de reformas del Gobierno en el Congreso.
¿Qué pruebas hacen avanzar el juicio contra Iván Name y Andrés Calle por el caso UNGRD?
La Corte Suprema autorizó nuevas pruebas para el juicio contra los dos expresidentes del Congreso, entre ellas testimonios y documentos relacionados con Carlos Ramón González, Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz. También se ordenó un peritaje sobre presuntos movimientos de dinero en criptomonedas y la declaración de Jaime Dussán sobre el trámite de la reforma pensional en el Congreso.
