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El caso de soborno y fraude procesal por el que la Fiscalía busca condenar a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar dio un nuevo giro esta semana con la esperada audiencia de imputación de cargos al abogado que, sin ser el apoderado oficial del expresidente Uribe, consiguió testimonios de varios exparamilitares en cárceles de Colombia utilizados finalmente por la oficina del abogado Jaime Granados y llevados como documentos veraces a la propia Corte Suprema de Justicia.
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El proceso de cualquier forma está atado a lo que ocurra en la Corte Suprema con la decisión sobre la situación jurídica al expresidente Uribe. En un principio el principal testigo estrella del proceso era Juan Guillermo Monsalve, quien tuvo conversaciones con Cadena en su lugar de reclusión, las cuales se lograron a través de su compañero de celda Henrique Pardo Hasche. La Corte vigilaba esas conversaciones en la investigación que adelantaba contra el expresidente por la controversia jurídica que Uribe mantiene con el senador Iván Cepeda desde el 2014. Y, en esa investigación, con el fin de determinar si pudo haber un soborno y manipulación a testigos que beneficiaran al expresidente, el tribunal interceptó miles de llamadas telefónicas, de las cuales el país ya conoce su contenido en buena parte.
Aunque esa parte del caso Monsalve sigue sin resolverse y la Corte y el juez en la justicia ordinaria tendrán la última palabra, el caso para Cadena ha empezado a girar sobre Carlos Enrique Vélez, y ya no como eje central sobre Monsalve.
Vélez es un paramilitar que tiene el alias de comandante Víctor y fue condenado por la masacre de Río Sucio en el departamento de Caldas en 2003. Allí fue asesinado el gobernador indígena Gabriel Ángel Cartagena, lo que le dio relevancia al caso y lo terminó encerrando hasta convertirse hoy en un interno importante como testigo de la Fiscalía y de la Corte en el proceso judicial más sensible de los últimos años. Vélez ya había sido investigado en el pasado por falso testimonio en un caso del 2011.
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En la audiencia de imputación esta semana el fiscal Daniel Hernández sostuvo la teoría de que Vélez y su entorno familiar recibieron 48 millones de pesos como parte de un ofrecimiento por 200 millones que hizo Diego Cadena, a cambio de que el paramilitar construyera un testimonio en contra del senador Iván Cepeda, asegurando que Cepeda le había ofrecido beneficios antes para testificar contra Uribe.
Cuando se conocieron los primeros pagos de Cadena a Vélez por 7 millones de pesos, hace 10 meses, el abogado argumentó que se trataban de giros que hicieron parte de una ayuda humanitaria porque un hijo de Vélez estaba en una condición de salud precaria y no tenía a nadie que lo ayudara. La otra parte de los 7 millones, según Cadena, correspondía a viáticos que fueron pagados a la también exparamilitar Eurídices Cortés, con el fin de que esta viajara por el país consiguiendo más testimonios de paramilitares que querían decir supuestamente su verdad sobre el senador Cepeda o el senador Uribe.
Esa teoría de la ayuda humanitaria y los viáticos fue desvirtuada en la hipótesis de la Fiscalía asegurando que los pagos en realidad habrían sido por 48 millones de pesos a la hermana mayor de Vélez y a su sobrino. Sin embargo, esa versión está basada solo en la declaración juramentada de quienes dijeron recibir el dinero y no en evidencia de trazabilidad financiera concreta. La Fiscalía solo tiene giros probados por un total de $ 10.600.000 al entorno del paramilitar, lo que no deja de ser un indicio para el ente acusador de que sí hubo soborno.Los otros 37.400.000 para completar los 48 millones de los que habla la Fiscalía están basados en testimonios.
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El abogado de Cadena, Iván Cancino, dijo a La FM que esos 48 millones no existieron y que son un engaño del paramilitar porque en medio de las conversaciones que tuvieron con la oficina de Cadena para conseguir su testimonio, Vélez habría terminado intentando extorsionarlos sin poder conseguirlo. La Fiscalía contra argumentó dudando de la extorsión porque esta no fue denunciada a ninguna autoridad, ni al expresidente Uribe, ni a su abogado oficial Jaime Granados. Tampoco a la Corte que era la destinataria del testimonio.
Vélez y Juan José Salazar, involucrado en este proceso porque trabajaba para Cadena en Cali y Palmira, tuvieron numerosas conversaciones por chat en las que el paramilitar, desde la cárcel, le enviaba constantes notas de voz en lo que parece una actitud amenazante para implicar al expresidente en sus testimonios a las autoridades. La FM ya había publicado algunas de esas grabaciones y continúa revelando parte de las evidencias, aclarando que las únicas autoridades pertinentes para hacer conclusiones son los jueces, quienes tienen el expediente completo del caso.
La primera grabación es de agosto de 2018 y desde entonces Vélez parece amenazar con contar una supuesta verdad sobre su caso, sin que se entienda por qué insiste al abogado Salazar en que va a dar ese testimonio en reiteradas ocasiones.
Luego, en enero y febrero de 2019 hubo otros mensajes de voz enviados por Vélez en los que se refiere a la masacre en Caldas por la que fue condenado y a su aparente falta de recursos.
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Hay otra grabación de marzo de 2019 en donde Vélez insiste en contar su versión de la verdad sobre lo que conoció siendo paramilitar. Y aquí utiliza una frase importante. “Yo digo que la virgen del Carmen soltó el niño y ella nunca lo ha soltado, pero yo digo que lo soltó”.
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El 07 de abril de 2019 hay otra grabación vía chat de Carlos Enrique Vélez a Juan José Salazar. En esta, Vélez le aclara a Salazar que una visita sobre el proceso de falsos testigos que investigaban ya las autoridades, fue de parte de la Fiscalía General y no de la Corte Suprema. Otra vez, parece haber un tono amenazante.
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Y otra más de abril del mismo año, en donde Vélez le dice a Salazar refiriéndose a una confusión por procedimientos de la Corte y de la Fiscalía, que “todos están comiendo pollo, mientras él está mascando cable”.
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De todas estas conversaciones quedan dos preguntas puntuales. El primer testimonio que realizó Carlos Enrique Vélez en contra de Iván Cepeda y que fue recopilado por Diego Cadena y luego entregado a la Corte Suprema, se dio el 18 de julio de 2017. Luego de esa fecha hubo dos testimonios más de Vélez que ratificaban lo dicho en contra del senador del Polo. Sin embargo, a pesar de que el testimonio enviado a la corte fue conseguido desde el 2017, dos años después la oficina de Cadena, a través de Juan José Salazar, mantenía conversaciones con el interno paramilitar y fue tiempo después de ese testimonio que se realizaron los pagos por cuenta de la supuesta ayuda humanitaria.
La versión de la defensa de Salazar es que no denunciaron las extorsiones y mantuvieron la comunicación con el convicto por miedo a que este pudiera atentar contra la vida del abogado con gente fuera de la cárcel.
Esta es solo una parte de las evidencias del proceso, que tiene además en su expediente la versión juramentada de la hermana del paramilitar Vélez sobre los dichos pagos, y otros testimonios de testigos de la Fiscalía que deberán ser corroborados por el juez para emitir una condena o una absolución. Cualquier decisión en la justicia ordinaria tendrá un efecto en la investigación de la Corte ante la opinión pública y ante el análisis jurídico del caso.
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