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El Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá ordenó remitir a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), el proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar, en relación con los delitos de lavado de activos.
La decisión fue adoptada en desarrollo de una audiencia virtual, debido a las condiciones de la actual emergencia sanitaria derivada por la propagación del covid-19.
Ante la decisión de la juez de Bogotá, el objetivo es que ahora los magistrados de la JEP defina si es o no competente para asumir el conocimiento de este proceso por lavado de activos.
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“El proceso suspendido se relaciona con el análisis que hizo la Fiscalía sobre el presunto crecimiento patrimonial inusitado y acelerado del exgobernador de Aguilar Naranjo, en el cual se evidenció que, a través de presuntas triangulaciones comerciales con algunos integrantes de su núcleo familiar y terceras personas, habría intentado legalizar y ocultar recursos obtenidos por su supuesta relación con estructuras del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las autodefensas”, señaló la Fiscalía General de la Nación.
En ese sentido, la juez también suspendió el proceso que adelantaba la Fiscalía por ese caso específicamente, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1820 de 2016.
El organismo de investigación agregó que lo anterior se produjo, en virtud de la solicitud que hizo Aguilar hace un mes sobre la cesación del proceso, teniendo en cuenta que la JEP conoce un caso en su contra.
En marzo pasado, el juzgado 17 de ejecución de penas de Bogotá negó la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa del exgobernador de Santander.
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El coronel retirado Aguilar fue recapturado el 11 de diciembre de 2019, por incumplir los compromisos firmados para reparar a las víctimas del proceso que se le adelantó en la Corte Suprema de justicia por 'parapolítica'.
Para la Corte Suprema, el exgobernador intentó afectar la administración de justicia, mintiendo sobre su patrimonio, puesto que señalaba que no contaba con los recursos económicos para pagar la multa de 10.750 salarios mínimos legales vigentes (6.337 millones de pesos).
El coronel firmó un compromiso para pagar 500 mil pesos mensuales al fondo de víctimas; sin embargo, estos fallos también fueron incumplidos aduciendo que estaba insolvente.
Pese a esta afirmación, el coronel (r) fue fotografiado conduciendo por las calles de Bucaramanga un lujoso Porsche, avaluado en 360 millones de pesos.
