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Según lo informado por la institución, los hechos se dieron en zona urbana del municipio y gracias a labores de investigación que permitieron establecer que "Narváez y cinco personas más estarían coaccionando mediante amenazas y acciones atemorizantes a los propietarios de los predios que fueron adjudicados por el Incoder en los años 1979, 1980, 1982.1983 y 1984, cuyo valor comercial se había incrementado en un 100%".
Según la investigación, lograban convencer a sus víctimas mediante "artimañas engañosas de la venta de esos predios y éstos a su vez les cobraban un porcentaje, para servirles de mediadores contra las empresas que los estaban comprando".
Los Guerreros, como se hacían llamar, invadían los predios de forma ilegal por lo que su organización no estaba reconocida ante el Ministerio del Interior, ni tampoco registra solicitud para que sea reconocida como comunidad afectada por el conflicto armado.
En otros hechos, y según la Policía, se logró la captura de dos personas a las que se les atribuye el homicidio de una persona que se encontraba como solicitante de un predio rural ubicado en el corregimiento Nueva Lucia del departamento de Córdoba.
