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El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en Bogotá no solo generó indignación en el país, también dejó al descubierto una dolorosa realidad, pues nuevamente, un menor de edad habría sido instrumentalizado para cometer un crimen.
El joven, de aproximadamente 15 años, fue capturado en la escena por los escoltas del congresista y permanece bajo custodia de las autoridades. Mientras hay una gran expectativa sobre la evolución del senador, tras una intervención quirúrgica, las preguntas sobre el destino judicial del menor y el alcance de las penas que podría enfrentar comienzan a tomar fuerza en la opinión pública.
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¿Cuál sería la pena máxima para el menor?
A pesar de la gravedad de los hechos y del riesgo que representó para la vida del senador Uribe, el marco legal colombiano establece límites muy claros cuando se trata de personas menores de edad. De acuerdo con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), un menor de 14 a 18 años que incurra en delitos graves no puede ser condenado a más de 8 años de sanción privativa de la libertad.
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Incluso si se comprobara su participación directa como autor material en el intento de homicidio, y aún si existiera la intención de causar la muerte del senador, la pena no podría equipararse a la que enfrentaría un adulto en las mismas condiciones, que sería superior a los 30 años de prisión.
Posibilidad de principio de oportunidad
Primeras informaciones indican que el menor ya habría manifestado a la Fiscalía su interés de negociar un acuerdo judicial, con el fin de brindar información valiosa que permita identificar a los autores intelectuales del atentado.
De concretarse esa colaboración, podría aplicarse la figura del principio de oportunidad, un recurso jurídico que suspende o interrumpe el proceso penal a cambio de cooperación eficaz del implicado. En otras palabras, si el joven aporta datos clave que permitan esclarecer quiénes lo reclutaron o financiaron el ataque, su sanción sería incluso menor a los 8 años estipulados por el SRPA.
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Protección del menor: una prioridad judicial y ética
La fiscal encargada del caso ya ha tomado decisiones clave para garantizar la integridad del adolescente. Según información conocida por La FM de RCN, se prevé su traslado al búnker de la Fiscalía, donde estaría bajo estricta protección, con acompañamiento de defensores públicos, psicólogos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras autoridades judiciales.
Esto se debe a que, en palabras de varios expertos en seguridad consultados, el joven es el único eslabón con vida que podría llevar a las autoridades a capturar a los determinadores del crimen. Su testimonio no solo es relevante para esclarecer el ataque, sino también para desarticular redes criminales que siguen utilizando menores en actividades delictivas.
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La postura del ICBF: entre la sanción y la protección
Astrid Eliana Cáceres, directora del ICBF, fue enfática en condenar la utilización de menores de edad por parte de organizaciones delictivas. La funcionaria rechazó categóricamente los hechos y reiteró que el menor involucrado en este caso será protegido bajo los lineamientos establecidos por la Ley 1098 de 2006.
“Hay que proteger su identidad, su vida y sus derechos. Las redes sociales ya han expuesto imágenes e información que lo ponen en riesgo. Eso no solo es ilegal, sino que también atenta contra el debido proceso y el esclarecimiento de la verdad”, afirmó Cáceres.
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El ICBF ha activado el protocolo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual incluye acompañamiento de defensores de familia, psicólogos especializados, y seguimiento constante para garantizar el restablecimiento de derechos del menor, además del proceso judicial.
La instrumentalización de menores en actos criminales no es nueva en Colombia. La propia directora del ICBF recordó que estos hechos remiten a episodios oscuros del pasado, como el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984, cuando organizaciones narcotraficantes utilizaron menores para ejecutar atentados.
Hoy, cuatro décadas después, el país enfrenta un escenario similar: la aparente repetición de una estrategia criminal que busca evadir penas más altas usando a los más vulnerables como carne de cañón.
“Hay que entender que los verdaderos criminales son los adultos que manipulan y reclutan a estos adolescentes. Por eso deben recibir sanciones más severas, como lo contempla la reforma en curso a la Ley 1098”, señaló Cáceres.
