Gobierno De la Espriella tumba prohibición de aspersión aérea con glifosato contra cultivos ilegales

El Consejo Nacional de Estupefacientes indicó que la decisión no implica reanudar automáticamente el programa de aspersión, sino que depende de los requisitos que estableció la Corte Constitucional.
Desde 2015, la aspersión aérea con glifosato de cultivos ilícitos estuvo suspendida. Ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella abre la puerta a retomarla.
Desde 2015, la aspersión aérea con glifosato de cultivos ilícitos estuvo suspendida. Ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella abre la puerta a retomarla. Crédito: Colprensa

El Consejo Nacional de Estupefacientes, la entidad estatal que se encarga de las políticas públicas contra la producción, el tráfico, el comercio y el consumo de drogas, derogó la resolución que desde 2015 mantuvo suspendida la aspersión aérea de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato.

La decisión tuvo en cuenta posturas de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del mismo país, que señalan, a diferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el glifosato "no es probable que sea carcinogénico para los seres humanos".

"En consecuencia, la posición reiterada de la EPA y su reconocimiento por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos constituyen insumos que deberán ser valorados por el Instituto Nacional de Salud" de Colombia (INS), que debe evaluar los riesgos sanitarios de cualquier programa de aspersión.

La resolución, en todo caso, no implica el retorno automático de los operativos con glifosato desde aeronaves.

El documento señala que cualquier programa nuevo depende del Plan de Manejo Ambiental General que diseñe la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) —que impuso una medida preventiva en 2015—, una consulta previa, un concepto favorable del INS y requisitos de la Corte Constitucional.

"Resulta procedente que este Consejo derogue la Resolución número 6 de 2015", añade la nueva normativa, "sin que ello implique, en modo alguno, disponer la destrucción de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea ni autorizar la ejecución de dicha actividad de manera automática".

Se revive debate sobre riesgos ambientales y para la salud

La Corte Constitucional, en 2017, condicionó la reanudación del programa de erradicación. El alto tribunal, cuatro años después, encontró que la Anla construyó un plan de manejo ambiental sin consulta previa con las comunidades indígenas, y le ordenó —así como al Ministerio del Interior y la Policía— agotar esa etapa antes de cualquier otra decisión.

Cinco años después, no existe plan de manejo ambiental ni plan para exterminar los cultivos ilícitos. En ese tiempo, principalmente las plantaciones de coca se dispararon, hasta concentrarse en territorios críticos en disputa entre grupos armados ilegales e incluso en los alrededores de los parques naturales, que son zonas de conservación y protección especial.

El Consejo quiere estructurar un proyecto de aspersión, pero "no existe un plan de manejo ambiental general vigente para el componente aéreo del programa ni se ha agotado el proceso de consulta previa ordenado por la Corte Constitucional", dice la resolución del 18 de agosto, así que en la práctica no es posible.

Según la literatura científica que la agencia de estupefacientes cita, la evidencia actual podría no apoyar completamente la idea de que el glifosato causa cáncer. Por ejemplo, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en 2022 señaló que "no está justificada" la clasificación del herbicida como "sustancia carcinógena, mutagénica o tóxica para la reproducción".

No obstante, la misma autoridad señala que el glifosato causa "graves daños para la visión" y es "tóxico para la vida acuática", una característica que el Consejo no anota en su resolución. Sí apunta, en contraste, que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en 2023 no encontró "áreas críticas de preocupación para la salud humana".

Tras la derogatoria de la resolución de 2015, la Policía Nacional podrá solicitarle a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior una certificación "polígono por polígono" de los territorios en los que podría asperjar sin afectar "directamente" a comunidades étnicas y, por tanto, "sin necesidad de agotar el proceso de consulta previa respecto de esos polígonos en particular".

De la Espriella inicia un cambio de rumbo en la política de drogas que dejó Petro

En campaña, el hoy presidente, Abelardo de la Espriella, aseguró que Colombia no podía hablar de lucha contra el narcotráfico "si no hay aspersión, si no hay fumigación", aunque insinuó que podría usar bioherbicidas "que valen tres veces más, pero que son más efectivos que el glifosato". Su primer viraje en la política de drogas, como gobernante, es retomar el químico suspendido en 2015.

Gustavo Petro, su antecesor, planeaba usar el mismo glifosato, pero en aspersión terrestre con drones. En diciembre de 2025, ocho años después de que la Corte Constitucional ordenara no continuar con el herbicida si no se cumplían estrictos requisitos de consulta previa y prevención de problemas sanitarios, el exministro interino Andrés Idárraga afirmó que la rociadura sería "controlada" y se concentraría en las zonas donde los grupos ilegales presionaban al campesinado.

"Esto nada tiene que ver con el pasado", sostuvo el exfuncionario en una corta rueda de prensa el 22 de diciembre, desmarcándose de las potenciales críticas que despertaría la decisión, a la que el expresidente Petro se opuso en administraciones anteriores cuando fue parte de la oposición.

No solo la Corte Constitucional restringió el uso del herbicida. En 2015, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó como probablemente cancerígeno para los humanos, el Consejo Nacional de Estupefacientes sesionó de forma extraordinaria y lo suspendió, con la resolución que el organismo ya derogó.

El plan era que los drones operados por tierra permanecieran a una altura máxima de un metro y medio de las plantaciones ilegales. El herbicida, entonces, no caería "en lugares distintos a las hojas".

De acuerdo con el Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024, el censo que el Gobierno publicó junto a las Naciones Unidas después de dos años de disputas sobre su metodología, Colombia llegó a la cifra más alta de hectáreas de cultivos de coca en todo el siglo XXI: 261.000, lo que representó un incremento del 3,5 % frente a las 252,5 mil de 2023.

El aumento de los cultivos de coca pone presión sobre la nueva estrategia

Para la administración de Petro, la tendencia reflejó “una estabilidad del área sembrada a nivel nacional”, según un comunicado conjunto del Ejecutivo y la ONU.

El porcentaje de aumento fue el menor desde 2021, el año en que las hectáreas volvieron a crecer después de una disminución sostenida a partir de 2017. En 2020 había 142,7 mil; en 2021, 204,25 mil, un 43 % más; en 2022, 230,02 mil, un 13 % más; en 2023, más de 252 mil, una subida del 10 %, y en 2024, un 3,5 % más.

La región donde más aumentaron las hectáreas fue el Pacífico, que pasó de 107,07 mil en 2023 a 121,6 mil un año después —un aumento del 14 %—, seguida por el Catatumbo, que superó las 43,8 mil de hace tres años hasta llegar a 48,7 mil de 2024. La erradicación manual forzosa solo comprendió poco más de 9,4 mil hectáreas.

Diez municipios reúnen casi la mitad del área sembrada, principalmente en zonas de frontera en Nariño y Catatumbo, y los enclaves productivos —los territorios donde las comunidades no solo siembran, sino que extraen y transforman— se duplicaron: acapararon 114.000 hectáreas, cuando en 2019 eran 56.000.

Para el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, existe un “desbalance” en la política de drogas del gobierno de izquierda. Las incautaciones marcaron un récord, alcanzando 889 toneladas en 2024, pero la erradicación forzada cayó un 54 %, al punto de solo arrancar poco más de 9,4 mil hectáreas.

Las prioridades para el Gobierno —el de Abelardo de la Espriella y en adelante— deberían ser, primero, reducir la pobreza y la violencia en los territorios, con vías, energía o mercados locales “antes que sustitución mata a mata”, señala el Cesed. Segundo, la interdicción de grandes cargamentos, y, tercero, la regulación.

Claves del tema, en cuatro preguntas:

¿Qué decidió el Consejo Nacional de Estupefacientes sobre la aspersión aérea con glifosato?

El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la Resolución 6 de 2015, que mantenía suspendida la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. La decisión consideró pronunciamientos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y de la Corte Suprema de ese país sobre los riesgos cancerígenos del herbicida, pero no autoriza por sí sola el regreso de las fumigaciones desde aeronaves.

¿Qué requisitos debe cumplir Colombia para volver a fumigar con glifosato?

La reanudación de la aspersión aérea todavía depende de varios requisitos. La Anla debe elaborar un Plan de Manejo Ambiental General, debe agotarse la consulta previa cuando corresponda y el Instituto Nacional de Salud debe emitir un concepto favorable sobre los riesgos sanitarios. Además, cualquier programa deberá cumplir las condiciones fijadas por la Corte Constitucional.

¿Por qué Colombia suspendió la aspersión aérea con glifosato?

El Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió el programa en 2015, después de que la Organización Mundial de la Salud clasificara al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos. En 2017, la Corte Constitucional condicionó la eventual reanudación de las fumigaciones y posteriormente ordenó corregir falencias relacionadas con la consulta previa y la protección de las comunidades.

¿Cuántas hectáreas de coca tiene Colombia y qué cambia con el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Colombia llegó en 2024 a 261.000 hectáreas de cultivos de coca, la cifra más alta del siglo XXI, según el monitoreo del Gobierno y Naciones Unidas. El aumento, especialmente en el Pacífico y el Catatumbo, se produjo mientras la erradicación forzada cayó 54 %. Ante ese escenario, el gobierno de Abelardo de la Espriella busca modificar la estrategia antidrogas y reabrir la posibilidad de utilizar la aspersión aérea.


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