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La familia de Álvaro Gómez Hurtado presentó un incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad, para reclamar que el senador Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’ y el exjefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, sean excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
También pidieron que otros tres excabecillas de esa antigua guerrilla queden por fuera de ese tribunal especial, por no hacer un aporte temprano a la verdad, ni entregar una sola prueba que valide la autoincriminación que realizaron en el magnicidio del ex candidato presidencial conservador, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 a la entrada de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá.
En la misma solicitud se pidió la expulsión inmediata de la JEP de los exjefes e integrantes del secretariado de las antiguas Farc Jaime Alberto Parra Rodríguez, Rodrigo Granda Escobar, y Milton de Jesús Toncel Redondo.
Así lo confirmó a la FM de RCN el abogado Bernardo Henao Jaramillo, representante civil de María Mercedes Gómez, hija del asesinado líder político y quien indicó que en octubre se cumplen tres años desde que el antiguo secretariado de las Farc aseguraron que eran los supuestos autores del magnicidio de Álvaro Gómez, sin que a la fecha hayan entregado una sola evidencia para corroborar esa confesión.
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“Han ido ellos a concurrir, pero no han hecho aportes de verdad como corresponde. Este incidente es de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad de los comparecientes Rodrigo Londoño Echeverry, Julián Gallo Cubillos, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Rodrigo agranda Escobar y Milton de Jesús Toncel Redondo, ellos desde luego tenían y tienen la obligación de hacer los aportes tempranos de verdad, pero cómo se registra en el incidente esto no ha ocurrido”, dijo el jurista.
“Ante el no cumplimiento de no hacer el aporte, las víctimas están pidiendo la exclusión porque no han cumplido y el propósito que se hizo al crearse el sistema de la JEP, que ellos mismos crearon su jurisdicción era de recibir los aportes tempranos de verdad”, indicó.
Asimismo, sostuvo que “no es solamente decir que confiesan haber cometido un hecho, nos lo tenían que demostrar y ya vamos a cumplir tres años, pero no se ha demostrado”.
“Lo cierto es que uno no puede relatar lo que no le consta, o lo que no presenció, o en lo que no participó, porque la mayoría de las declaraciones como constan en el expediente son de oídas, algunos se enteraron incluso el día que se dio la noticia que asumían la autoría en el magnicidio”, señaló el abogado Henao.
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De igual forma, explicó que el testimonio rendido en su momento en torno a este proceso por parte de la senadora Piedad Córdoba sólo trató de encubrir a los verdaderos responsables del crimen de Gómez Hurtado.
Aseguró que en las diligencia ante las JEP ninguno de los comparecientes da razón de los graves hechos.
Agregó que el periodista Mauricio Gómez, hijo del excandidato presidencial conservador, murió sin conocer la verdad y reclamando hasta el último momento que el proceso retornara a la Fiscalía y se reactivarán las investigaciones penales para dar con las verdades responsables del crimen de su padre.
“Murió Mauricio, refutó la misma declaración que en su momento, él intervino directamente cuando estaba en vida muy enfermo de salud, pero lo hizo ante Carlos Lozada y le refutó las manifestaciones y aportó en su momento hechos y documentos que daban cuenta que el dicho de ellos no podía ser posible”, agregó.
En su oportunidad, Mauricio Gómez indicó que Álvaro Gómez Hurtado era un tipo fastidioso para el gobierno de Ernesto Samper y por eso lo sacaron del camino.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado entregó en su momento a la JEP un informe en el que revelan la línea de investigación que demostraría que este caso fue un crimen de Estado, cuyo determinador habría sido el expresidente Ernesto Samper Pizano.
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De acuerdo con ese informe, las declaraciones de exmiembros del extinto cartel del Norte del Valle en más de 20 años de investigaciones, señalan como supuesto autor material de este crimen al coronel (r) de la Policía Nacional, Danilo González y como determinador, al expresidente Ernesto Samper Pizano.
