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La Fiscalía General de la Nación dejó en claro que acudirá a todas las herramientas legales y jurídicas necesarias para evitar que el proceso de investigación que se sigue por el magnicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, pase a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Asimismo, este organismo señaló que durante varios años más de 30 investigadores de Policía Judicial han avanzado en la recolección de toda una serie de pruebas técnicas y testimoniales con el fin de tratar de dar con los responsables materiales e intelectuales de este homicidio.
Dentro de los argumentos clave de la Fiscalía General para seguir con esta investigación, se encuentra que este magnicidio fue declarado en diciembre del año 2017 como un crimen de lesa humanidad.
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En 2017 la Fiscalía de Derechos Humanos que adelantaba el caso concluyó: "el atentado en el que perdió la vida Álvaro Gómez Hurtado, fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la Ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición, instaurada por el temeroso cartel de los extraditables en la década de los 80".
Según la investigación de la Fiscalía: "el día dos (2) de noviembre de 1995 se dio el atentado contra Álvaro Gómez Hurtado, como resultado de la política de amedrentamiento por parte de los narcotraficantes que se veían directamente afectados con la crisis de gobernabilidad por la que atravesaba el país, y el reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico".
Con la declaratoria del homicidio de Álvaro Gómez, como delito de lesa humanidad, este crimen no prescribirá y podrá seguir siendo investigado pese al tiempo transcurrido.
El 2 de noviembre de 1995, el periodista y líder político Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá. Su vehículo fue interceptado por varios sujetos que le dispararon en repetidas oportunidades.
Dichos argumentos serían expuestos por la Fiscalía General de ser necesario ante instancias como la Corte Constitucional, de llegarse a tratar de una colisión de competencias.
En la actualidad, la investigación penal está siendo coordinada por la fiscal Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Elba Beatriz Silva Vargas.
La Fiscal Silva Vargas fue asignada de manera especial por el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, en reemplazo de la fiscal Ninfa Azucena González, quien en mayo de 2019 adelantó la reconstrucción de la escena del crimen.
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La más reciente decisión de la nueva Fiscal del caso, contempló la citación a declarar a ocho personas en calidad de testigos, como son el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón y la exsenadora Piedad Córdoba, cuyas diligencias fueron programadas para el próximo 20 y 23 de octubre, luego de que ambos políticos aseguraran tener información que podría servir para esclarecer este crimen.
De igual forma, la Fiscal Delegada ordenó la declaración de los narcotraficantes: Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela; Fernando Henao Montoya exmiembro del cartel del Norte del Valle; Guillermo Pallomari González excontador del cartel de Cali; el extraditado Samuel Santander Lopesierra Gutierrez, ‘el hombre Marlboro’, y el excapo Víctor Patiño Fómeque.
