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El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, atendió virtualmente, desde Miami, la audiencia verbal dentro del proceso de responsabilidad fiscal por $54 mil millones que le sigue la Contraloría General de la República por el llamado caso del cartel de la hemofilia.
Lyons se negó a rendir descargos alegando que el auto de imputación no tiene motivación y se retiró para que hablara en su nombre el abogado de confianza, Álvaro Lyons Villalba, que se reafirmó en esta posición.
Sin embargo, en sus declaraciones aseguró que se enteró de la existencia del cartel de la hemofilia seis meses después de haberse retirado de su cargo, por la notificación que hizo de estos hechos la Contraloría a su sucesor, Edwin Besaile.
"De esos hechos tuve conocimiento en el año 2016, cuando se ofició a la Gobernación de Luis Besaile por parte de la Contraloria, que supuestamente habían detectado unos exámenes médicos y unos laboratorios falsos. Allí fue el primer momento en el que tuve conocimiento, es decir 6 meses después de haber salido de la Gobernación", señaló Lyons.
Igualmente, aseguró que antes de que la Contraloría hiciera pública la existencia del cartel, interpuso una denuncia en la Fiscalía:"yo formulé una denuncia en la unidad anticorrupción de la Fiscalía antes de que la Contraloria publicara los hallazgos".
Cabe mencionar que el cartel de la hemofilia fue descubierto por la Contraloría en una auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones asignados al departamento de Córdoba, sobre la vigencia 2015, que fue liberado en junio de 2016 y cuyos resultados se hicieron públicos a través de un comunicado de prensa divulgado el mes siguiente, exactamente el sábado 2 de julio de 2016.
"En un caso que tiene ribetes delincuenciales, la Contraloría General de la República encontró en el departamento de Córdoba tres nuevos y escandalosos hechos de falsos recobros de salud, con pacientes hemofílicos inexistentes, exámenes de laboratorio alterados y medicamentos que nunca se suministraron", se anunció entonces por parte de la Contraloría.
Los hechos detectados fueron inmediatamente trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Tribunal de Ética Médica, que algunos meses después iniciaron sus respectivas investigaciones.
En el caso de la Contraloría, los resultados de la auditoría llevaron al organismo a imputar responsabilidad fiscal contra el exgobernador Alejandro Lyons y demás involucrados, por los pagos efectuados por la Gobernación de Córdoba por 117 supuestos enfermos, que en realidad gozaban de cabal salud, porque los exámenes de laboratorio que se usaron como soporte de esos pagos resultaron falsos en su totalidad.
En diciembre pasado se abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía superior a los $1.525 millones relacionado nuevamente con el pago irregular de tratamientos para pacientes diagnosticados con hemofilia.
A pesar de que ya se conocían los resultados de la auditoría realizada sobre la vigencia 2015, la Gobernación de Córdoba volvió a incurrir en la irregularidad, esta vez bajo la administración de Edwin Besaile.
