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El juez segundo civil municipal oral de Barranquilla negó por improcedente la tutela con la cual la prófuga excongresista Aida Merlano pretendía, a través de su abogado, solicitar a una entidad financiera, información de sus cuentas, al parecer, sin cumplir con los requisitos exigidos por el banco.
Es decir, no apostilló el poder otorgado a su defensor ante una autoridad competente por lo que la entidad, se abstuvo a suministrar dichos datos.
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El veredicto también establece que, si la decisión no es impugnada dentro del término establecido, puede ser enviada a la Corte Constitucional para su revisión, de ser excluida de estudio, se ordena ser archivada.
Los datos financieros de la exparlamentaria serían clave, para la defensa de su hija, Aida Victoria Merlano, procesada por el delito de enriquecimiento ilícito, en cuantía superior a los 3.200 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, la influenciadora, habría participado en un entramado ilegal que le permitió constituir, en 2019, una empresa dedicada a la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo.
Según la investigación adelantada por el ente, la compañía nunca cumplió ni realizó las actividades por las cuales fue creada y registrada. Adicionalmente, estableció que Merlano Manzaneda, al parecer, no tenía los recursos suficientes para crearla ni contaba con el historial crediticio y no tenía bienes que le generaran ingresos para hacer los movimientos financieros que sustentaba.
“El material de prueba da cuenta de que la hoy procesada se involucró en la constitución de esta empresa para, supuestamente, ocultar nueve inmuebles que pertenecerían a su señora madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, cuyo avalúo superaría los 2.900 millones de pesos. De esta manera habría intentado evitar que las autoridades los detectaran”, indicó la Fiscalía.
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Entre tanto, a la excongresista Merlano, le esperan aproximadamente, dos condenas en Colombia: una por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.
La segunda por violación a los límites de gastos en campañas electorales.
