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La Procuraduría abrió indagación contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el director de Inteligencia, Carlos Ramón González, y el embajador en Argentina, Camilo Romero, por el escándalo de corrupción en Gestión del Riesgo.
Por los mismos hechos, la Sala Disciplinaria de Instrucción vinculó al expediente a los congresistas, Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya, y Germán Rogelio Rozo Anís.
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El organismo analizará la presunta participación de los funcionarios en la estrategia que permitió entregar contratos que fueron gestionados con dineros de la entidad, a cambio de votos a favor de los distintos proyectos de ley y reformas del Gobierno.
La Procuraduría vinculó a la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, a la indagación previa en el expediente que se abrió contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Davids Calle Aguas, por supuestamente recibir dinero proveniente de un contrato suscrito por la UNGRD para la compra de 60 carrotanques.
El organismo abrió el proceso luego de la audiencia de imputación contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, en la que la Fiscalía reveló varios detalles con respecto a la participación Carlos Ramón González como director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
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La fiscal mencionó en la diligencia que por órdenes del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a través de la asesora del ministro, María Alejandra Benavides, coordinaron el redireccionamiento de varios contratos en los que estaban interesados los seis congresistas mencionados en la compulsa de copias que llegó a la Corte Suprema.
La Procuraduría tendrá en cuenta la información que se ha dado a conocer por las autoridades para establecer la presunta responsabilidad de los funcionarios y congresistas en este caso.
