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Un juez de garantías envió a la cárcel de máxima seguridad La Picota a Diego Yohanny Escobar Guinea, exsecretario de Salud de Cundinamarca, implicado en la compra de votos en las elecciones de 2015.
La Fiscalía General de la Nación habría pedido que se ordenara la privación de la libertad al exfuncionario, a quien señalan de autor responsable de cuatro delitos relacionados con la corrupción electoral por la compra de votos con mercados para la elección del alcalde de Girardot (Cundinamarca).
El delegado del ente acusador, adscrito al Eje Temático Especializado en Delitos Electorales, alertó al juez encargado del proceso que se han registrado amenazas en contra de testigos, afectando las investigaciones, sumado a que la recolección de documentos no se ha podido completar, en especial por la negativa de las entidades adscritas a la administración municipal de esa población a entregar elementos materiales de prueba que involucran al exsecretario de Salud en hechos de corrupción.
“La Fiscalía infiere que Escobar Guinea podría estar induciendo a testigos con el fin de entorpecer las investigaciones, por ejemplo creemos que se han modificado las calificaciones del Sisbén pero nos niegan la entrega de las certificaciones”, sostuvo al juez el fiscal del caso.
Agregó que se interceptaron más de 200 llamadas telefónicas a fijos y celulares en las que claramente se infiere la apropiación de recursos en complicidad del procesado con el alcalde local de Girardot, César Fabián Villalba Acevedo.
Por ejemplo, afirmó el Fiscal, que a las autoridades le reportaron la entrega de 380 mercados a familias menos favorecidas y ancianos de Girardot, pero según las entrevistas hechas a diferentes empleados de la firma encargada de su distribución, fueron repartidas más de 1.500 cajas a los ciudadanos con fines políticos.
“Esta modalidad fue planeada, concertada y calculada por personas profesionales, con altos estudios que conocen que estas conductas son delictivas, son prácticas corruptas”, agregó el fiscal.
En consecuencia, el delegado fiscal le imputó los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, constreñimiento al elector y peculado por apropiación.
