La FM en Google News
El proyecto de acuerdo que había sido aprobado por el Concejo del municipio de Salento, en defensa del patrimonio cultural y ecológico de esa región el pasado mes de febrero, fue invalidado por el Tribunal Administrativo de Quindío.
La concejal ponente del proyecto, Orfa Liliana Correa, señaló que existe una preocupación muy grande con esta decisión, luego que el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, oficiara al Tribunal Administrativo del Quindío la iniciativa municipal y este a su vez determinó que no es válido. La cabildante dijo que es muy posible que no se analizaran más proyectos en otras regiones que sí quedaron firmes.
Le puede interesar: Por qué el Tesoro Quimbaya podría volver pronto a Colombia
“Dentro del acuerdo municipal entraba la protección de la Palma de Cera, el Valle de Cocora y el mismo municipio de Salento, además, por la importancia que representa el agua para el departamento del Quindío y el beneficio que trae desde esa zona para varias localidades”, señaló la concejal.
El ambientalista representante de la Fundación Ecológica Cosmos, Néstor Ocampo, señaló que es muy posible que el gobierno nacional esté detrás de las corporaciones municipales, para que de alguna manera se pueda permitir que las multinacionales decidan sobre los territorios.
“Todo esto hace parte de un debate político a nivel nacional, ya que en otras regiones algunos tribunales han determinado que los municipios sí tienen las facultades para tomar ese tipo de decisiones”, indicó Néstor Ocampo.
Lea también: ¿Por qué Colombia afronta estas altas tasas de desempleo?
Por su parte, el secretario Jurídico y de Contratación encargado del departamento del Quindío, Víctor Alfonso Vélez Muñoz, dijo que se encontró que las disposiciones que se estaban adoptando en este acuerdo iban en contravía de la Corte Constitucional, por lo cual se decidió enviar dicho acuerdo al Tribunal Administrativo del Quindío, para que decidiera si el acto del Concejo municipal de Salento va en contra o no la Constitución y la ley.
“El Tribunal Administrativo del Quindío revisó y encontró en los últimos antecedentes, la sentencia que emitió la Corte Constitucional que es de unificación del año 2018, en la cual se determinó que todo lo que tiene que ver con restricción frente al aprovechamiento de recursos naturales no renovables, no es una decisión que pueden tomar de manera unilateral los entes territoriales”, precisó el jurídico de la gobernación.
Velez Muñoz aclaró que los recursos naturales no renovables son propiedad de la Nación y precisó que frente a la restricción de la explotación de estos recursos, es una competencia del orden nacional.
La concejal Orfa Liliana Correa expresó que no se quedará quieta y que buscará otras herramientas jurídicas para seguir con el trabajo de proteger al territorio quindiano de la megaminería. Correa señaló que hay mucha preocupación, ya que existen 21 títulos mineros ya otorgados y 17 más en solicitud.
