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Hace un año y nueve meses la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una decisión sin precedentes en la historia del país declaró a la Amazonia colombiana sujeto de derechos y ordenó al Gobierno crear mecanismos concretos para garantizar su protección y frenar la deforestación.
Aunque el Gobierno ha tratado de implementar esos mecanismos, algunas organizaciones como Dejusticia -que ha puesto sus ojos encima del cumplimiento de la sentencia de la Corte- considera que no se ha cumplido a cabalidad las órdenes dadas por el alto tribunal.
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Lo anterior ocurre porque “no existe versión definitiva del plan de acción del Ministerio de Ambiente, ni del pacto intergeracional”, según Carlos Olaya uno de los investigadores, quien asegura que “tampoco hay avance en la actualización de los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios” ubicados en la Amazonía.
Sin embargo, el gobierno ha destacado un trabajo de reconocimiento internacional en la lucha contra la deforestación. Así lo manifestó el viceministro de Ambiente, Roberto Mario Esmeral, al destacar que por segunda vez el país recibe apoyo económico de otros países.
“En la lucha contra la deforestación recibimos por parte de Alemania, Noruega y Reino Unido 366 millones de dólares, de los cuales hasta 106 millones van a ser asociados a temas de cooperación técnica y proyectos grandes para ser implementados en los territorios, y hasta 260 millones a pagos por resultados en temas de deforestación", explicó Esmeral.
Agregó que "este apoyo es más grande que el primero que se recibió y es el resultado de cómo por fin hemos logrado quebrar la curva de deforestación y es un voto de confianza de los países donantes en mantener los bosques”.
Incluso, el Gobierno anunció en abril del año pasado la campaña ‘artemisa’ contra la deforestación, qué según el presidente Iván Duque, “busca enfrentar el crimen contra la deforestación” y en la cual participa la fuerza pública y la Fiscalía.
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“Necesitamos que todo el país tenga la consciencia de que hay que enfrentar este fenómeno y por eso cuando concebimos la política de seguridad nacional le dimos a la protección de la biodiversidad (…) un interés estratégico de seguridad nacional”, dijo el mandatario.
Pero un informe que dio a conocer la Comisión Colombiana de Juristas verificó denuncias contra la campaña de campesinos que viven dentro de los parques nacionales.
“El enfoque preponderadamente militar que se le ha dado en el actual Gobierno contra la deforestación, según organizaciones campesinas. Esta estrategia se ha centrado sobre todo en los agentes más débiles de la cadena de la deforestación quienes son campesinos que viven dentro de los parques”, dijo Olaya.
El informe fue hecho por ocho organizaciones de sociedad civil junto con la Defensoría del Pueblo - seccional Guaviare y La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp OEA), que verificó en sobrevuelo atropellos y abusos a campesinos por parte de la fuerza pública y otras autoridades del Estado.
“Se evidencia cómo una decisión inconsulta del gobierno nacional afecta los derechos fundamentales de la población campesina, cuya ocupación antecede a la ampliación o constitución de zonas ambientalmente protegidas”, dice una parte del informe sobre la destrucción de una vivienda de campesinos en Cachicamo, San Jose del Guaviare.
El informe también habla de un operativo desarrollado el 25 de abril de 2019 cuando campesinos que vivían por décadas en los parques naturales, fueron detenidos y procesados.
“Actualmente, sobre las personas víctimas de este operativo recae una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que los obliga a no volver a ingresar al Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete (…) Las personas procesadas se hallan en condición de desplazamiento forzado”, dice el informe.
En ese sentido se hizo un llamado de atención al Gobierno y a las autoridades ambientales para que implementen una estrategia contra la deforestación que garantice los derechos de las comunidades campesinas que habitan los parques.
Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá está a punto de emitir un auto de seguimiento en el que se va a pronunciar sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia.
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