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Más de 100 organizaciones ambientales enviaron un pronunciamiento en medio del paro nacional, en el que piden al Gobierno prohibir el fracking y la aspersión aérea con glifosato para cultivos ilícitos.
"Nos hemos encontrado para cambiar radicalmente el modelo de país impuesto en las últimas décadas, el cual ha dejado a la naturaleza como víctima del mal desarrollo que violenta comunidades, despoja territorios, deja pasivos ambientales y sociales y vulnera ecosistemas naturales, la salud, la biodiversidad y la vida de quienes los habitamos, humanos y no humanos: modelos económicos extractivistas y desarrollistas que pretenden implementarse, ahora utilizando como justificación la recuperación económica post pandemia", indica uno de los apartes del comunicado.
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Esas organizaciones consideran que "cualquier escenario de diálogo entre los sectores populares y el Gobierno Nacional debe ser amplio, transparente, enmarcado en el respeto por el derecho fundamental a la vida, con garantías reales al desarrollo de la protesta...".
Estos son algunos temas que las organizaciones consideran "relevantes" para el ambientalismo en Colombia:
1. Proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras ambientales que vienen siendo amenazados, atacados y asesinados por su legítima labor de cuidar y proteger la naturaleza, en el país que según Global Witness lidera la cifra de ambientalistas asesinados. Exhortamos además al Congreso a la ratificación del Acuerdo del Escazú, enredado por la nula voluntad política del gobierno Duque y sus partidos aliados.
2. Prohibir la aspersión de glifosato sobre cultivos denominados de uso ilícito, garantizando la implementación de los puntos 1. Reforma Rural Integral y 4. Sustitución de cultivos de uso ilícito del Acuerdo de Paz, que permitan la dignificación de la labor y los proyectos de vida de quienes trabajan la tierra para la seguridad y soberanía alimentaria, a partir de prácticas agroecológicas, protegiendo las semillas como bienes comunes y reconociendo la Declaración de los Derechos de los Campesinos.
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3. Detener de manera urgente la deforestación y frenar su principal foco de avance en la Amazonia, evitando la expansión de la frontera agropecuaria, el latifundio, la agroindustria o agronegocio de palma africana y otros hacia áreas protegidas (jurídicas como comunitarias), sin que eso implique la militarización de las zonas de protección ambiental y la criminalización del campesinado.
4. Declarar una moratoria a los proyectos de megaminería en el territorio nacional, como los que se pretenden hacer en el Suroeste Antioqueño, el Páramo de Santurbán, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Macizo Colombiano y Cajamarca, Tolima, que generan impactos irreversibles, acumulativos y a perpetuidad como los que se viven actualmente en la explotación de carbón en La Guajira y Cesar ante el inminente cierre.
5. Prohibir el fracking, la explotación de yacimientos no convencionales y de nuevos yacimientos costa afuera; sustituir en el corto plazo la explotación de combustibles fósiles y detener la construcción de nuevas termoeléctricas para avanzar hacia una transición energética justa como medida urgente ante la emergencia climática.
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6. Respetar la consulta previa, libre e informada y las consultas populares como mecanismos legales y legítimos de participación, autonomía territorial y decisión de las comunidades sobre el destino de sus territorios.
7. Garantizar la protección integral del agua como bien común, sus cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos (humedales, ciénagas, ríos, océanos, glaciares, páramos, etc) desde la autogestión territorial, fortaleciendo los acueductos comunitarios como organizaciones claves en el entramado social, histórico y cultural en torno al agua.
8. Desescalar el avance de megaproyectos hidroeléctricos, de turismo, navegabilidad, puertos e infraestructura, que puedan impactar negativamente los ecosistemas y las comunidades de su entorno.
Este es el documento:
