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La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que el Gobierno Nacional viene trabajando desde hace 18 meses en la transición económica y la descarbonización del país, con el objetivo de reducir su dependencia de los combustibles fósiles y fomentar la recuperación de la biodiversidad.
La funcionaria señaló que para ello, diseñaron un portafolio de inversiones público-privadas con una meta de recaudar 3.2 billones de pesos, destinados a la restauración ecológica en regiones críticas como La Mojana.
El Plan Nacional de Biodiversidad, que será presentado en la COP 16, busca aumentar la participación de la bioeconomía en el PIB del 0.8% actual al 3% para el año 2030.
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Esto implicaría la creación de hasta medio millón de nuevos empleos en sectores relacionados con la restauración de ecosistemas y la bioeconomía. Este proceso se enmarca dentro de una estrategia que promueve el desarrollo económico inclusivo y sostenible, especialmente en las regiones más marginadas del país.
La ministra Muhamad señaló que "la gran meta del Plan Nacional de Biodiversidad que se presentará en la COP 16 es pasar de una participación del 0.8% del PIB de la bioeconomía hoy a un 3% en 2030, que implica el potencial de medio millón de empleos nuevos en este sector".
La funcionaria también indicó que el Gobierno está trabajado estrechamente con la banca pública y privada, para estructurar esquemas de financiamiento que impulsen estos proyectos.Además, se están preparando regulaciones como los 'bancos de hábitat' y el manual de compensaciones, que permitirán que las empresas inviertan en restauración ecológica a través de incentivos como obras por impuestos.
Entre estas medidas, también se destaca la reglamentación de la ley del árbol, que obliga a las empresas a realizar plantaciones en función de su número de empleados, pero de manera organizada y estratégica, en alineación con los proyectos de restauración.
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La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó que el objetivo del Gobierno es restaurar 750.000 hectáreas de ecosistemas en los próximos años y llegar a cinco millones de hectáreas para 2030.
Explicó que para lograr esta ambiciosa meta se requiere una coordinación efectiva entre el sector público y privado, y una fuerte inversión en proyectos sostenibles, que además de restaurar la naturaleza, contribuyan a la adaptación climática.
Finalmente, la regulación del mercado de carbono es otro de los pilares de financiamiento que se busca fortalecer, no solo a través de un mercado libre, sino mediante un proceso más estructurado que permita un mayor impacto en la protección de los ecosistemas y el desarrollo de la economía descarbonizada del futuro.
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