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"En este momento adelantamos un estudio (…) donde demostramos, a luz de las estructuras de imputación del Derecho Internacional la responsabilidad del exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe en las masacres de El Aro y La Granja": este fue uno de los apartes del comunicado por medio del cual el exfiscal General, Eduardo Montealegre se defendió de la compulsa de copias hecha en su contra por su presunta vinculación con el denominado ‘cartel de la toga’.
En esa oportunidad, el 14 de mayo de 2015, Montealegre aseguró que existía una persecución judicial motivada por el expresidente Uribe, señalando que la compulsa de copias fue hecha por un representante a la Cámara que hace parte del partido fundado por el examandatario. Para el exfiscal General estos señalamientos no tenían ningún tipo de fundamento y solamente buscaban afectar la imagen y buen nombre de aquellos que pidieron investigar al ahora senador.
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“Se le atribuyen crímenes de guerra y lesa humanidad”, manifestó el exjefe del ente acusador haciendo referencia al expresidente, señalando que él mismo había pedido que se le investigara por su conocimiento y participación en las masacres de La Granja y El Aro -registradas en 1994 y 1997, respectivamente- cuando Uribe fungía como Gobernador de Antioquia.
Por estas denuncias, los abogados del expresidente decidieron presentar una denuncia formal en contra del exfiscal Montealegre y el exvicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo por el delito de calumnia agravada. Esto al considerar que las afirmaciones hechas en esa rueda de prensas faltan a la verdad y afectan el buen nombre e integridad del exmandatario.
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El abogado Abelardo de la Espriella sostiene que con estos señalamientos Montealegre y Perdomo quisieron desviar la atención de las pruebas que existen por su presunta vinculación con este escándalo de corrupción en la Rama Judicial, evitando responder por los señalamientos hechos por el exjefe de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.
Montelagre y Perdomo fueron señalados de hacer parte de esa red de corrupción que exigía millonarias sumas de dinero para desviar y entorpecer procesos en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de aforados constitucionales.
La compulsa de copias en su contra se hizo dentro de la investigación que se adelanta contra el exmagistrdo Leónidas Bustos por presuntamente recibir dinero en efectivo y un reloj avaluado en 50 millones de pesos para archivar un proeso.
