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Varios senadores de la oposición interpusieron una tutela para que un juez de la República ordene que se vuelva a revisar si los resultados de la consulta anticorrupción pudieron haberse alterado, por cuenta de las anomalías que se habrían presentado en el censo electoral.
Según el congresista Iván Cepeda, en el 2018, año en que se votó en las urnas este mecanismo de participación ciudadana, se presentaron varias inconsistencias en la cantidad de personas que estaban habilitadas para acudir a las urnas, lo que pudo haber generado un desfase en el resultado final.
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“En el debate que llevamos a cabo el pasado 7 de diciembre, yo demostré que el censo electoral está gravemente afectado y distorsionado con millones de cédulas, eso fue reconocido en el trámite del proyecto de reforma al Código Electoral por parte del actual registrador”, señaló Cepeda.
Agregó que “por esta razón, los promotores de la consulta contra la corrupción consideramos que esa consulta se ganó y que superó el umbral por más de 400.000 votos, así que es necesario que la justicia ahora restaure el derecho de los ciudadanos y por eso hemos radicado la acción de tutela para que nos dé la razón, porque fue un grave injusticia luego de que más de 11 millones de personas se expresaran contra la corrupción”.
En caso de que esta acción judicial sea fallada a favor de los congresistas, la Registraduría Nacional tendría que volver a revisar el conteo de los votos de esta iniciativa.
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Según un comunicado de Cepeda, la tutela se basa principalmente en tres argumentos “(1) la violación al derecho fundamental a elegir, entendido éste como parte esencial del derecho a la participación política; (2) del derecho a conocer la verdad electoral y a que el sentido de esa verdad se materialice en democracia; y (3) sobre la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, como consecuencia de la composición irregular y la omisión de depuración del censo electoral en 2018, que afectó el reconocimiento de la Consulta Popular Anticorrupción como un mandato vinculante dado por la ciudadanía al Estado colombiano”.
El registrador nacional, Alexander Vega, se comprometió a depurar el censo electoral para el año 2022 y así evitar que más personas fallecidas sigan apareciendo como habilitadas para votar.
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