La FM en Google News
La Procuraduría acaba llamó a juicio disciplinario a cinco personas por el escándalo del contrato entre el Ministerio de las Tecnologías y la Unión Temporal Centros Poblados, para llevar internet a más de 14.000 colegios del país.
Entre los investigados están tres funcionarios del MinTIC, además del representante legal de la Unión temporal Centros Poblados y la interventora del contrato.
Se trata de Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; -Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC; Luis Fernando Duque Torres, representante legal Unión Temporal Centros Poblados 2020 y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.
Las investigaciones de la Procuraduría buscan establecer si los funcionarios el Ministerio incurrieron en alguna falta disciplinaria, al permitir la adjudicación del billonario contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y el anticipo de $70.000 millones de pesos.
Lea también: Caso MinTIC: Emilio Tapia presionó a testigo para que se echara toda la culpa de las pólizas falsas
Cabe mencionar que las indagaciones preliminares en materia disciplinaria contra esos funcionarios iniciaron en julio de este año, por una denuncia que interpuso la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen y un grupo de veedores.
En la Procuraduría hay dos investigaciones disciplinarias por el escándalo de corrupción que le costó el puesto a la ministra Abudinen. Una de las indagaciones se adelanta contra los funcionarios del MinTIC encargados de la licitación del contrato y la segunda, es contra la propia exministra.
La investigación contra Karen Abudinen se encuentra en etapa preliminar por el momento y busca determinar si la exfuncionaria también incurrió en alguna falta disciplinaria.
Puede leer: Emilio Tapia falsificó documentos que “indujeron al error” a los funcionarios del MinTIC Fiscalía
El contrato entre el Ministerio de la Unión Temporal Centros Poblados tenía un costo de cerca de un billón de pesos, pero las irregularidades se centrarían en un anticipo de $70 mil millones que entregó esa entidad a la compañía, al parecer sin cumplir con los requisitos de ley y la falsificación de unas pólizas.
En diálogo con LA FM, la procuradora Margarita Cabello, se refirió al proceso e indicó que la entidad ha obrado con la mayor diligencia en aras de garantizar la protección de los recursos del Estado.
-1200x675.jpg)
