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Para la Fiscalía General existe evidencia suficiente para demostrar que el representante de la Unión Temporal Centros Poblados, Juan José Laverde y el contratista Emilio Tapia intentaron evitar la revocatoria del polémico contrato de 1,3 billones de pesos con el Ministerio de las TIC.
El 22 de junio, dos días antes de la audiencia de revocatoria del contrato por incumplimientos, Tapia y Laverde contactaron a Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quien había sido el encargado de tramitar las garantías de cumplimiento falsas, con el fin que aceptara toda la culpa de estas irregularidades.
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El objetivo era que Molina reconociera que él había sido contratado "de buena fe" por la Unión Temporal para conseguir las pólizas de los bancos y de seguros pero que, de manera individual, los había engañado con la obtención de documentos falsos.
"Le solicitan que se inculpe, que diga que él los engañó (...) y que precisamente ellos no tenían nada que ver y que a cambio corrían con todos los gastos de representación para ellos poder salir avantes de todo ese proceso penal", precisó la fiscal 79 anticorrupción.
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Sin embargo, Jorge Alfonso Molina negó aceptar esta responsabilidad. Poco después Laverde lo contactó con un abogado llamado Daniel González con quien se reunió en el centro comercial El Tesoro de Medellín. "El abogado Daniel González le hace la misma propuesta, obviamente a nombre del señor Emilio y Juan José, de que aceptara porque él sabía que detrás de esto había gente muy poderosa y que le recomendaba que aceptara esta propuesta, que lo pensara bien porque había gente muy importante".
Igualmente el representante de Centros Poblados intentó borrar información del celular de Molina para que no quedaran pruebas de las conversaciones sobre la obtención de los documentos falsos que fueron clave para el proceso de licitación para recibir el billonario contrato.
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La fiscal indicó que el objetivo de esta acción de reconocimiento de "un engaño" por parte de Molina era influenciar además del proceso penal y los casos fiscales y administrativas, "e incluso demandas de reparación puesto que estas mismas personas han anunciado en medios abiertos que iniciarían en contra del Ministerio un proceso y demandarían al Estado por el perjuicio que les ha causado porque ellos de buena fe adquirieron esas garantías bancarias y que fueron engañados, y que por lo tanto no se tenía que haber decretado la caducidad".
Por su parte, Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Novotic y de Nuvo Security LLC, le informó a la Fiscalía General su intención de dar detalles de todas las irregularidades en el proceso de licitación e identificar a cada uno de los implicados en el caso empezó a recibir amenazas. En una oportunidad -denunció formalmente- hombres fuertemente armados ingresaron a su vivienda, "lo amenazaron con matarlo a él por si hablaba. Él se preocupó por su seguridad".
"Se puede deducir que el señor Emilio Tapia podría afectar la administración de justicia puesto que existen graves motivos que permiten inferir que podría destruir elementos de prueba, a inducir a coimputados o testigos para que declaren falsamente ya que al tener una participación directa y relevante en los hechos motivos de investigación el eco de esa amenaza a uno de los testigos para que no hablara constituye un beneficio a su favor", precisó.
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En el caso de Laverde se señala que faltó a la verdad durante la indagación, ocultando elementos materiales de prueba y omitiendo datos pese a que tenía un conocimiento claro y preciso sobre estos. Laverde, desde su interrogatorio, se desentendió de la obtención de los documentos de garantías y que solamente se enteró de los registros falsos tras la publicación de informes periodísticos. "Se quiso desviar la investigación".
Con estos elementos la fiscal del caso pidió que se emita medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los tres representantes de la Unión Temporal.
