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Este viernes 13 de octubre comienza el juicio contra el ganadero Santiago Uribe Vélez como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir y el homicidio del conductor Camilo Barrientos Durán.
El hermano del senador Álvaro Uribe Vélez está procesado por la financiación del grupo paramilitar ‘’, al que las autoridades le atribuyen la muerte de por lo menos 164 personas en los municipios de Yarumal, Campamento y Santa Rosa de Osos. “Santiago Uribe siempre ha negado los cargos, pero las familias de las víctimas esperan que se conozca la verdad y se haga justicia”, dijo el abogado Daniel Prado Albarracín.
En este proceso, el testigo clave de la Fiscalía es el entonces comandante de la Policía en Yarumal, mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero, quien aseguró que Santiago Uribe era el promotor del grupo ilegal.
El patrullero Alexander Amaya Vargas, escolta del oficial, fue condenado tras aceptar su participación en el crimen de Camilo Barrientos. En el año 2014, en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado, la Policía fue obligada a levantar un movimiento alegórico a la vida, en el parque de Yarumal (Antioquia) y a pedir perdón a las familias de Luis Armando Holguín Jurado, Oscar Hernán Upegui Saldarriaga y Ovidio Adolfo Ardila Elorza, asesinados por ‘Los 12 Apóstoles’.
El 12 de junio pasado, el despacho de la vicefiscal general de la Nación emitió un comunicado en el que informó que "no encontró mérito para revocar la decisión del Fiscal 10 de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en el caso del señor Santiago Uribe Vélez. En consecuencia, en la fecha, se confirmó la resolución de acusación respectiva".
Consulte aquí: Diez testigos involucran a Santiago Uribe con ‘Los 12 apóstoles’
Juan Carlos Meneses, testigo clave
El 10 de enero de 2014, la Fiscalía General de la Nación acusó al mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero por el homicidio del conductor de bus Camilo Barrientos Durán, ocurrido el 25 de febrero de 1994 en el municipio de Yarumal (Antioquia). De acuerdo con la investigación, este crimen se presentó porque varios miembros de la Policía tendrían en la época del crimen una lista de personas susceptibles de ser asesinadas.
La decisión del ente acusador se tomó porque el entonces comandante de la Policía en Yarumal habría participado en el homicido junto con otros miembros de la Policía y, de acuerdo con la misma declaración de Meneses, con la colaboración de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. En el documento dice que Meneses y el agente Alexánder de Jesús Amaya Vargas recibieron a Barrientos y otros ciudadanos en el comando de la Policía y les aseguraron que los protegerían, para "después ellos mismos proceder a eliminarlo y finalmente acudir a este para tomarle fotografías y después presumir de su perversa capacidad de asesinar".
“Se trata de un hecho que, no solo reprocha a sus autores sino que devela una actividad delictiva por parte de la Policía que para entonces se encargaba de proteger la vida, honra y bienes de los conciudadanos, concretamente aquellos de Yarumal (Antioquia) y municipios aledaños”, agrega el documento. Por estos hechos, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra del exsuboficial de la Policía Alexánder de Jesús Amaya Vargas.
El crimen se presentó el 25 de febrero de 1994, cuando Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus escalera, cubría la ruta Yarumal–Campamento y fue requerido por dos de sus pasajeros, que lo obligaron a detener el automotor y le dispararon varias veces. Para la Fiscalía, el crimen de Barrientos hizo parte de la estrategia establecida por un grupo de personas, conocidas posteriormente en el mundo del crimen como Los 12 Apóstoles, que emplearon sus influencias para que la Policía les colaborara en la campaña de eliminar a varios ciudadanos a los que consideraban miembros de la guerrilla.
En la investigación se tuvieron en cuenta muchos testimonios y hechos específicos en los cuales los Policías en la época amenazaron a varios ciudadanos, como el ocurrido el 5 de diciembre de 1993 en el municipio de Campamento, cuando tres hombres, incluido el muerto, fueron objeto de agresiones por parte de varios miembros de la Fuerza Pública.
Con ocasión de la medida de aseguramiento emitida el pasado 3 de diciembre contra Amaya Vargas (ley 600), la Fiscalía manifestó que “está demostrado el estado de terror y zozobra que esta muerte infundió en la población, la cual desde luego se incrementaba con la participación de la Policía en el mismo, aunado a la existencia de una lista de personas a asesinar”.
