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Un fuerte llamado de atención le hizo el juez sexto de conocimiento al empresario Roberto Prieto Uribe por utilizar su cercanía con altos mandos del Gobierno Nacional para adelantar actos de corrupción en la celebración de contratos de infraestructura vial en Colombia.
En el fallo contra el exgerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014 se advierte utilizó sus influencias y contactos para beneficiarse de manera directa mediante el cobro de comisiones para entregar de manera directa importantes contratos y cargos públicos.
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“Sin miramiento alguno y aprovechándose de su cercanía con altos estamentos del anterior gobierno gestionó distintos contratos de obra pública y cargos en el Estado a cambio de financiación para las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos Calderón tanto en 2010 como en 2014”, precisó el juez en la lectura del fallo contra Prieto.
El funcionario judicial consideró que actitudes como las que Prieto incurrió afectan a toda la sociedad colombiana, puesto que las obras que deben ser ejecutadas de manera transparente y efectiva para mejorar la calidad de vida de todos son entregados por medio de artimañas a personas que no tienen cualidades éticas ni morales.
En este punto señaló que incurrió en un comportamiento antijurídico y afectando la fe pública en sus instituciones y en el Gobierno, puesto que se demuestra que la corrupción permeo todos estos estamentos.
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“Conductas que son de suma gravedad en tanto la corrupción de los organismos del Estado perjudica enormemente a la población del país, en atención que los dineros que iban ser utilizados para el bienestar común quedan a través de procesos sofisticados de desvío de dinero en los bolsillos de unos pocos que aprovechándose de los cargos que ostentan”, precisó.
En el caso de Prieto Uribe se señala que sus “influencias con el Gobierno de turno logran que mediante acciones meramente fraudulentas que ciertas empresas se queden con contratos de obras públicas cuya ejecución posteriormente se ve truncada al ponerse en descubierto el acto criminal para la adjudicación de estos contratos, o simplemente ante la poca idoneidad de las empresas que se valen de esta clase de artimañas para hacerse con contratos del Estado”.
En el extenso fallo judicial se resalta que este tipo de práctica se han vuelto una constante en el país, “situación ante la cual las personas ya están hastiadas y le exigen de la administración de justicia acciones contundentes contra esta clase de personas que en aras de satisfacer sus intereses personales afectan lo de la gran mayoría de la población”.
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Debido a la gravedad de las conductas ejecutadas por el empresario el juez determinó que al empresariode 59 años de edad no se le puede otorgar el beneficio de la detención domiciliaria.
Sin embargo, teniendo en cuenta una serie de dictámenes periciales e informes de seguridad se determinó que Prieto Uribe deberá pagar el resto de su condena en una guarnición militar o un sitio que le brinde garantías y protección.
"José Roberto Prieto padece de síntomas de depresión severa y altos niveles de ansiedad, que se han visto exacerbados por su situación actual de reclusión, por lo cual está consumiendo antidepresivos y ansiolíticos", señaló el juez al citar un informe médico.
Igualmente se tuvo en cuenta que ha recibido presiones y amenazas en el sitio carcelario en el que se encuentra, situación por la cual prefiere no consumir los alimentos que le entrega el centro penitenciario, ni realizar muchos movimientos dentro de la cárcel. Igualmente le ha pedido a sus familiares que no lo visiten por miedo.
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El pasado jueves cumpliendo la orden del juez los agentes del Inpec lo trasladaron a la Escuela de Caballería ubicada en el Cantón Norte de Bogotá, sin embargo, debido a que no había cupo tuvo que ser llevado nuevamente a la cárcel Modelo.
Prieto fue sentenciado a cinco años de prisión tras firmar un preacuerdo en el que reconoció su responsabilidad en los delitos de celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de particular y falsedad en documento en documento público.
El empresario fue sentenciado por mover influencias para ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III, para la construcción del puente Plato (Magdalena).
Según la investigación, debido a sus contactos e influencia el empresario fue "designado" por la empresa Yuma Concesionaria para adelantar gestiones con el fin que dicho contrato les fuera adjudicado directamente.
Por sus labores recibió un adelanto de 650 millones de pesos, los cuales fueron cobrados por medio de una factura ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S.
