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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene que definir la solicitud de sometimiento presentada por Alexander Carretero Díaz, condenado por “reclutar” a un grupo de jóvenes en el municipio de Soacha (Cundinamarca) que fueron trasladados hasta Ocaña (Santander) para ser asesinados por miembros del Ejército y luego ser presentados como guerrilleros abatidos en combate.
Carretero Díaz, quien fue sentenciado en septiembre de 2017 a 44 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, presentó su solicitud como integrante de las Fuerzas Militares ante la justicia especial pese a ser siempre investigado, juzgado y sentenciado como un civil.
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En su solicitud, según se ha podido conocer, señala que su caso merece ser revisado puesto que no se valoraron todas las pruebas presentadas en su defensa. En este sentido considera que fue sentenciado por hechos en los que no tuvo participación ni conocimiento, por lo que espera que la JEP tome una decisión de fondo.
Según los procesos penales, Carreto Díaz fue la persona encargada de contactar a jóvenes de escasos recursos y engañarlos mediante ofertas de trabajo en diferentes regiones del país. Estos hechos se registraron entre los meses de enero y agosto de 2008.
La Fiscalía General lo señaló de haber reclutado a 14 jóvenes. Los jóvenes fueron trasladados vía terrestre hasta Ocaña. Ahí fueron presentados ante integrantes del Ejército que los asesinaron y presentaron oficialmente como subversivos abatidos en diferentes combates.
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Esto con el único fin de demostrar resultados operacionales en la región y obtener beneficios económicos y galardones.
Entre los jóvenes reclutados se encontraba Faír Leonardo Porras, un joven que pese a su edad se comportaba como un niño de ocho años de edad. Carretero Díaz aceptó su responsabilidad en este caso y se comprometió a colaborar con las autoridades para esclarecer la situación.
En su sometimiento a la JEP, el "reclutador" deberá aportar toda la verdad y promover medidas para la reparación de las víctimas y acciones para que estos hechos no se presenten nuevamente.
En los próximos días se tomará una decisión de fondo en su caso. a Sala deberá definir si lo acepta como un tercero civil o como un integrante de la Fuerza Pública.
