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En julio de 2015, la Federación Colombiana de Fútbol abrió un proceso licitatorio para la venta de boletería para los partidos de la Selección Colombia con miras al Mundial de Rusia 2018 que se iban a disputar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Fueron muchos los que se postularon para recibir la adjudicación del millonario contrato, entre ellas TicketYa, un consorcio conformado por tres empresas. Pese a que no cumplía con los requerimientos exigidos (experiencia, financiación y soporte logístico) fue el feliz beneficiario.
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Según la exposición del fiscal sexto especializado anticorrupción, antes del proceso licitatorio se pactó una “comisión de éxito” por tres mil millones de pesos para resultar ser beneficiados con el millonario contrato.
La empresa TicketYa, que era presidida por los empresarios Elías José Yamhure Daccarett y Medardo Alberto Romero Riveros quienes se aliaron con TicketShop, César Ronaldo Carreño Castañeda e Iván Darío Arce Gutiérrez para participar en el proceso de licitación.
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Pese a las críticas por las demoras en la entrega de boletería, las fallas en la plataforma para adquirir las mismas para los partidos de la Selección y la falta de soporte para atender las quejas el consorcio siguió operando.
En septiembre 2017, en uno de los partidos clave de la Selección para clasificar al Mundial se presentó un hecho irregular que generó todo tipo de alertas y obligó a las autoridades a intervenir.
Para el partido Colombia – Brasil, que se iba a disputar el 5 de septiembre de 2017 en el Metropolitano, se pusieron en venta 13 mil boletas pero muy pocas llegaron a manos de los hinchas, quienes deseosos de ver el juego, buscaron por todos los medios acceder a una boleta.
Seis mil boletas fueron puestas a la venta en la página web a las 12 de la noche. Sin embargo, a esa hora los hinchas encontraban que la página estaba bloqueada. Quince minutos más tarde aparecía un mensaje en la plataforma que alertaba que todas las boletas estaban agotadas.
Esto generó una ola de protestas de los fanáticos. Para la Fiscalía General el hecho que estas boletas se “agotaran” en tiempo récord abrió la puerta para la reventa de las mismas a precios astronómicos.
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Los investigadores indicaron que esto era parte del plan que se tenían los contratistas para obtener muchas más ganancias. Fue así como las boletas fueron revendidas entre un 200 y 250 por ciento más caras del precio original.
Tras hacer una rápida revisión se logró establecer que el valor nominal del contrato era de $2.835.590 millones, sin embargo, con la reventa los contratistas lograron una utilidad de $3.105.280 millones.
El fiscal del caso reveló que para las localidades Norte y Sur se pusieron a la venta 4.178 boletas con un valor original de 250.680 millones de pesos, sin embargo, con el tema de la reventa estas mismas unidades alcanzaron los 1.128.060 millones de pesos.
En cuanto a Occidental se pusieron a la venta 4.334 boletas, en el contrato se fijaba el valor de 1.516.900 millones de pesos, sin embargo, se revendieron a $2.789.800 millones. Lo mismo ocurrió con las boletas 5.342 boletas de Oriental, de $1.068.400 millones se revendieron a 2.023.400 millones de pesos.
La Fiscalía General busca establecer si se presentaron irregularidades en la entrega de las 4.357 boletas que recibieron los “denominados socios” de la empresa contratista, entre ellos se encontraban Alberto Romero, Elías Yamhure, Rodrigo Rendón, Roberto Soler, Alfredo Yamhure y Ramón Jesurún.
