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Germán Romero, representante civil de las víctimas de los denominados falsos positivos, calificó como una burla a la administración de justicia y a los afectados la decisión del excomandante del Ejército Nacional, general (r) Mario Montoya, de someterse a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).
El abogado Romero en este caso representa a las familias de siete personas que fueron ejecutadas en las veredas La Java y El Chuzo a las afueras de la ciudad de Manizales, supuestamente por integrantes del Ejército pertenecientes al batallón Mártires de Puerrez de la tercera división y octava brigada, que previamente había sido comandado por el coronel Róbinson González del Río.
Romero precisó que el coronel González del Río sería uno de testigos relevantes contra el general Mario Montoya por estos crímenes. “Es una absoluta burla que el Fiscal General no haya permitido que se hubiera hecho esta imputación de cargos ante la justicia ordinaria, pese a que durante los dos últimos años es una investigación que ha sido perfeccionada y da cuenta del papel determinado que ha realizado el general Montoya en la comisión de ejecuciones extrajudiciales entre febrero de 2006 y noviembre de 2008", dijo el abogado Romero.
Además, indicó que a las víctimas también les preocupa que la defensa del general Montoya haya manifestado que el oficial no va a indicar ningún tipo de reconocimiento en estos graves hechos. "Es decepcionante para las víctimas que el victimario escoja cómo, cuándo y dónde ser procesado (...) no está bien que esta persona que tuvo un alto cargo se burle de las víctimas", agregó.
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