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La Fiscalía imputó cargos al curador urbano uno Ronald Llamas por los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por acción; Lucas Tamayo, representante legal de Aquarella; y Claudio Restrepo, arquitecto de la obra, por urbanización Ilegal y daño a los recursos naturales. Ninguno de los implicados aceptó los cargos.
En la diligencia judicial, la fiscal 40 explicó por qué referenció 9 torres para el proyecto inmobiliario y dio a conocer que la 'Promotora Calle 47' pretendían levantar otra etapa de Aquarella, conformada por cuatro torres más de 31 pisos cada una, justo al lado de la actual construcción, con áreas sociales, gimnasios, locales comerciales y hasta un helipuerto, esto a 200 metros del Castillo de San Felipe.
Sin embargo, para esta parte del proyecto no fueron presentadas solicitudes de licencia de construcción porque la promotora había desistido de esa iniciativa, aparentemente por el escándalo suscitado por el impacto que la construcción generaría contra el patrimonio histórico de Cartagena.
El curador
Así mismo, el ente acusador reveló que mediante interceptaciones telefónicas evidenciaron que el curador y una funcionaria de la Superintendencia de Notariado y Registro, encargada de la vigilancia de las curadurías, le suministraba detalles de los procedimientos que adelantaba la Fiscalía seccional 40 con relación a Aquarella, como una prueba de que Llamas conocía perfectamente las inconsistencias del proyecto inmobiliario y la investigación que se adelantaba en su contra.
"Además de los audios, donde se intercambia la información y donde la misma señora Irma indica que es lo que ha encontrado en la Fiscalía seccional 40, pues empiezan a intercambiar información referida a la existencia de estos conceptos que hemos abordado en esta audiencia", dijo la fiscal Cacéres en la diligencia.
Para el ente acusador, el curador Llamas es coautor del delito de urbanización ilegal debido a que omitió funciones, lo que permitió que se construyera la primera torre del proyecto inmobiliario Aquarella en cercanías del Castillo de San Felipe, sin considerar además las restricciones que establece el Plan de Ordenamiento Territorial.
Así mismo, la fiscal 40 insistió que Ronald Llamas habría entregado licencias sin un análisis urbanístico riguroso y sin considerar el impacto que estaba ocasionando al patrimonio, "por ser uno de los dos curadores de la ciudad se le exigía otro comportamiento, como servidor público tenía la misión de conservar el patrimonio que tiene una característica especial, algo supraconstitucional porque se trata de un patrimonio para la humanidad".
Los constructores
Las investigaciones de la Fiscalía también dieron cuenta que los planos del proyecto Aquarella presentados a la curaduría urbana nº1 y al Fondo de Vivienda Urbana, Corvivienda, no son los mismos y tienen diferencias en el tamaño del lote, la organización de las áreas sociales, número de apartamentos, parqueaderos, locales comerciales y portería.
"Se encuentra que los planos presentan diferencias en el área construida, en los apartamentos y en las áreas comunes y colectivas. Lo que indica, como conclusión, que no hubo una revisión concienzuda por parte de la curaduría urbana entre la información del área del proyecto y la aprobada en la licencia de construcción, ni la verificación de la información presentada por la promotora Calle 47 en los planos", referenció la fiscal.
La Fiscalía reveló que los constructores de este proyecto de Viviendas de Interés Social, VIS, habrían adquirido varios apartamentos que según lo estipula este tipo de beneficios del Gobierno Nacional van dirigidos a las comunidades menos favorecidas, por lo que otorga un subsidio, con el fin que colombianos de bajos recursos adquieran una vivienda, como prueba el ente acusador presentó la lista de los familiares, amigos y el mismo Lucas Tamayo, representante legal de la promotora Calle 47, que adquirieron apartamentos en el proyecto inmobiliario.
Entre ellos están: Lucas Tamayo Giraldo, el representante legal de la promotora Calle 47; Claudio Restrepo, arquitecto; Juliana Echeverría Echeverría, esposa del anterior; Emilio Restrepo Restrepo, hijo de Claudio Restrepo; María Adelaida Llanos Upegui, representante legal suplente de la promotora Calle 47; Andrea Zamora Delgado, revisora fiscal de la promotora.
En la lista también se incluye a Luis Carlos Lopera Upegui, representante de Ingeniería Inmobiliaria; Francisco Ignacio Luis Correa Restrepo, representante de FCR S.A.S., Claudio Upegui Jimenez, representante ante las autoridades de FCR, y Jose Alberto Saenz Giraldo, representante legal de Planes Constructivos S.A.S..
Entre los beneficiados también hay empresas cercanas a los constructores: Monte Palacio S.A.S., Estrategia en acción S.A.S. e Inversiones Inverterra S.A.S., "entonces no es cierto que el espíritu de la vivienda de interés social se haya acogido para favorecer a los estratos más bajos, debido a que ellos son los que están desarrollando este proyecto ya sea como representante legales, constructores o arquitectos", dijo la fiscal Dora Cáceres.
Para justificar aún más esa irregularidad, el ente acusador presentó una interceptación telefónica de Lucas Tamayo donde reconoce que las viviendas de interés social, VIS, son para los más vulnerables, sin embargo eso no impide que otros puedan acceder a ella, "la norma de VIS, en teoría, es para personas de bajos recursos y por lo tanto, teóricamente, no puedes tener más de una vivienda porque no tienes más recursos", dice Tamayo en la conversación intervenida.
