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La Procuraduría General de la Nación ha intensificado sus esfuerzos para esclarecer la reciente crisis de combustible que afectó a Colombia, con especial atención en la refinería de Cartagena y sus consecuencias en el suministro para el transporte aéreo.
Gustavo Guerrero Ruiz, procurador delegado para Asuntos Energéticos, compartió en La FM de RCN los avances en la investigación y las medidas que se están tomando para proteger a los consumidores.
"Estamos evaluando todas las situaciones que se pudieron haber presentado. Lo que nos inquieta es que se hayan dado giros abruptos en la comunicación de la situación en solo dos días", declaró Guerrero Ruiz, refiriéndose a la discrepancia en la información emitida por la Aeronáutica Civil sobre la escasez de combustible, la cual inicialmente alertó a las aerolíneas sobre la necesidad de ajustes operacionales.
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La Procuraduría, según Guerrero Ruiz, ha desplegado inicialmente su función preventiva para recabar información sobre lo ocurrido en la refinería de Cartagena y las medidas adoptadas por las autoridades del Gobierno. Este esfuerzo incluye la evaluación de posibles actos de especulación o acaparamiento, los cuales pudieron haber exacerbado la situación.
"Desde la Procuraduría no podemos descartar alguna de las situaciones que se pudieron presentar con ocasión en este evento, y tiene que profundizar en una investigación sobre lo ocurrido para que se tomen las sanciones a las que haya lugar", enfatizó Guerrero Ruiz, destacando la seriedad con la que se está abordando el caso.
Además, Guerrero Ruiz subrayó que uno de los objetivos principales de esta investigación es garantizar el derecho de los consumidores del transporte aéreo, quienes se vieron afectados por la cancelación de vuelos debido a la escasez de combustible.
"Lo que preocupa es la crisis en la información disponible para el público en general sobre la situación de abastecimiento", añadió.
La Procuraduría ha convocado una mesa de trabajo para el próximo lunes, en la que se evaluará lo sucedido y se recibirán informes de las entidades involucradas. Guerrero Ruiz explicó que estas entidades tienen cuatro días para entregar un informe detallado sobre los efectos de la crisis y la disponibilidad de combustible, lo cual permitirá determinar las causas exactas y posibles responsabilidades.
Finalmente, Guerrero Ruiz afirmó que el propósito de esta mesa no es solo responder a la crisis actual, sino también desarrollar medidas estructurales que protejan a los consumidores en el futuro. "La Procuraduría viene haciendo este seguimiento para garantizar el derecho de la seguridad energética", concluyó.
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Con esta investigación, la Procuraduría busca no solo esclarecer lo ocurrido, sino también asegurar que situaciones similares no se repitan, protegiendo así los derechos de los ciudadanos y la estabilidad del suministro energético en el país.
