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De acuerdo con el concepto emitido por el procurador Carrillo, este Decreto no cumple con la finalidad de la conexidad de la implementación de los acuerdos de paz que fueron pactados entre el Gobierno y las Farc.
Según Carrillo, dentro de los Acuerdos no se pactó ninguna prioridad relacionada con el visado para los miembros extranjeros de las Farc que están en el país y que recibirían los beneficios de residentes permanentes para ellos y su familia.
De igual forma, el Procurador consideró que este tipo de normatividades deben ser tramitadas por vía ordinaria, y por lo tanto no deben utilizarse las facultades especiales que le fueron otorgadas al Presidente de la República porque correría el riesgo de que estos dictámenes se petrifiquen en el tiempo.
"Al regular un tema como el aquí tratado, mediante un Decreto de Ley, sustrae hacia el futuro la posibilidad de que esa facultad sea ejercida por el Ejecutivo, pues los gobiernos futuros no tendrán la misma posibilidad de expedir decretos con fuerza material del Ley", señala el documento.
De acuerdo a Carrillo, la necesidad que explica la expedición de dicho Decreto "paradójicamente, sin base constitucional, es esa la razón que saca a relucir el Gobierno para sustentar el uso de las facultades presidenciales para la paz".
