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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por la millonaria compra de vehículos blindados para la Corte Suprema de Justicia por un valor de 13.276 millones de peso, en plena época de pandemia por la covid-19.
La compra se fijó el 10 de marzo de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura con los proveedores Unión Temporal Toyonorte Ltda., Armor International de Colombia Ltda. y Blindex S. A., según información de Colombia Compra Eficiente.
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De acuerdo con lo estipulado en el negocio, en el costo se incluyen "accesorios y adecuaciones por 5,4 millones de pesos; mantenimiento preventivo por 816 millones de pesos, los requerimientos de matrícula por 28,5 millones de pesos y un pago del Soat por 39 millones de pesos".
El Consejo Superior de la Judicatura ha dicho que esas compras corresponden a la “antigüedad de los vehículos” que se encuentran actualmente en servicio y que los cambios se hacen cuando cada carro cumple su vida útil.
La investigación se inició tras una queja interpuesta por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, que solicitó investigar si existían irregularidades en esa millonaria compra.
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Hasta el momento, las investigaciones se adelantan contra José Mauricio Cuesta como director Ejecutivo de Administración Judicial y el coronel Carlos Eduardo Devia, como director de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial.
La Procuraduría está estudiando las cotizaciones y órdenes de compra expedidas por los funcionarios como pruebas, al igual que los proveedores de los vehículos, las copias de los registras presupuestales y los documentos de adquisición de bienes y servicios expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
“Las pruebas recaudadas hasta ahora, permiten identificar e individualizar a los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que participaron en las diferentes etapas del proceso de contratación, con el fin de comprar 51 vehículos blindados para fortalecer el esquema de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, dice uno de los apartes del documento de la Procuraduría.
Esa entidad señaló que investigará si el proceso de contratación que realizó la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, se ajustó a la normativa y a los principios de la contratación estatal.
También se verificará si el objeto contractual fue ejecutado conforme a los términos del requerimiento de la compra y los estudios previos.
