Procuraduría evidencia que Otto Bula sería responsable de despojo de 1800 hectáreas de tierras

Para la Procuraduría también es necesario investigar a los servidores públicos que pudieron estar involucrados en este tema de despojos y la titulación de tierras de forma irregular.
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Archivo Colprensa.

La Procuraduría General de la Nación le envió unos documentos a la Fiscalía y a la Unidad de Restitución de Tierras, para que se investiguen las presuntas conductas irregulares del excongresista Otto Bula relacionadas con el despojo de por lo menos 1800 hectáreas de tierras en los Montes de María, sur de Bolívar.

De acuerdo con el documento de la Procuraduría, esta situación advertiría de una posible red de servidores públicos y particulares que pudieron colaborar en el presunto despojo tras ser señaladas por las víctimas y testaferros involucrados en estas actividades.

En terrenos como el de San Jacinto, Bolívar, la Procuraduría advirtió que Otto Bula en conjunto con varias personas "al parecer se valía del miedo de la gente y en muchos casos de condiciones sociales como el analfabetismo, haciendo contratos de promesa y compraventa que, según información con la que cuenta la Procuraduría, serían ilegales porque podrían violar el régimen jurídico de protección de los bienes de las personas desplazadas o en riesgo".

Tras evidenciar estas irregularidades, la Procuraduría le solicitó a la Fiscalía iniciar las investigaciones para determinar la presunta participación de Bula en el diseño y gestión de dinámicas similares de despojo masivo en distintas zonas del país, en las que aparecen varias estructuras empresariales y personas naturales posiblemente relacionadas con él.

"Remitir a la Fiscalía General de la Nación copia de las solicitudes de restitución de tierras sobre los casos referidos, cuando se haya iniciado estudio formal, o de los actos administrativos de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, RTDAF, para que obren en la Fiscalía como material que permita abrir o continuar las investigaciones penales que correspondan, especialmente las relacionadas con el posible despojo masivo en la zona", señala el documento.

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