Procuraduría abre indagación a funcionarios del ICBF por maltrato a niños con discapacidad en Ibagué

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por presunta falta de control a la “Fundación Peces Vivos”, de Ibagué, donde se estarían presentando tratos crueles a niñas y niños en condición de discapacidad.

La indagación busca identificar a los responsables que habrían omitido la supervisión, vigilancia y control del contrato suscrito con la “Fundación Peces Vivos”, y las obligaciones del supervisor a cargo.

Para el Ministerio Publico resultan inaceptables las declaraciones de la directora del ICBF, Karen Abudinen, afirmando que este no es el único caso, lo que significaría una vulneración sistemática de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El procurador Fernando Carrillo Flórez, le solicitó a la directora general del ICBF para que asuma, "con el rigor que amerita", el seguimiento y la vigilancia a los operadores que brindan atención especializada a la población en condición de discapacidad.

Así mismo, pidió a las autoridades "poner en marcha mecanismos que garanticen el cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes, con mayor énfasis en la población en condición de discapacidad, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier circunstancia que pueda constituir vulneración, amenaza o inobservancia de sus derechos".

Cabe anotar que luego de siete horas de audiencia, el Juzgado Séptimo Penal con función de control de garantías de Ibagué legalizó la captura de las 10 personas investigadas por el presunto caso de tortura contra menores de edad con discapacidad cognitiva de la fundación Peces Vivos.

Entre los detenidos se encuentran la directora Johana Dignore Rodríguez Olaya, la coordinadora Dignore Olaya Hernández, la psicóloga Jennifer Stefania Salcedo, las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio y Paola Andrea Tique Vera, los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flores Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Suban Serna Molina y Edison Jaber Calderón Espitia.

Los funcionarios de la fundación adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar serán procesados por los delitos de tortura agravada, destrucción de material probatorio y concierto para delinquir.