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La procuradora Margarita Cabello Blanco se defendió ante el Consejo de Estado de las demandas que piden sacarla del cargo.
Uno de los demandantes asegura que Cabello debe dejar el puesto, porque entre junio del 2019 y agosto de 2020 fungió como Ministra de Justicia y eso la inhabilitaría para llegar a la Procuraduría.
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Según la demanda, a los procuradores les rige la misma inhabilidad que a los magistrados de la Corte Constitucional y es que no pueden ser elegidos en el cargo: “quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como Ministros de Despacho”.
En un escrito de 15 páginas, la abogada Yolanda García, quien defiende a Cabello, asegura que su cliente no esta inhabilitada como dice el demandante.
“Toda vez que están dirigidos exclusivamente a los magistrados de la Corte Constitucional, y es bien sabido que las inhabilidades deben estar expresamente consignadas en la ley y solo pueden ser aplicadas de forma taxativa”, dice el escrito.
Además, advierte que: “ni son equiparables las funciones del procurador y del juez, ni así mismo pueden ser equiparables sus inhabilidades ni incompatibilidades, las cuales son de ley y taxativas”.
Sobre ese mismo punto se pronunció la Procuraduría en un concepto que firmó la procuradora Sonia Téllez, quien advirtió al Consejo de Estado que no rigen las mismas inhabilidades de los magistrados de la Corte Constitucional al Procurador General, por el simple hecho de rendir conceptos a esa corporación judicial.
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“No se puede deducir que como el Procurador General de la Nación actúa directamente ante la Corte Constitucional (…) el jefe del Ministerio Público está sometido al mismo régimen de inhabilidades de los magistrados de la Corte Constitucional”, dice el concepto.
En el Consejo de Estado avanzan otras dos demandas contra la elección de Cabello; una está en el despacho de la magistrada Rocío Araujo y pide la nulidad de elección porque supuestamente se desconoció “la separación de poderes y la finalidad constitucional de la Procuraduría como órgano de control”, al elegir a quien antes era un funcionario de Gobierno.
“El Senado de la República, al elegir a Cabello Blanco como Procuradora, desconoció el principio constitucional de separación de poderes, teniendo en cuenta que ésta se desempeñó como Ministra de Despacho hasta el 18 de agosto de 2020, interviniendo en dicha calidad y como defensora de las pretensiones del gobierno ante el legislativo en diversas oportunidades, ante diferentes comisiones constitucionales y sesiones del Congreso de la República”, dice la demanda.
El otro recurso está en el despacho del magistrado Cesar Palomino y advierte que en la elaboración de la terna de la cual salió el nombre de Cabello, no se tuvo en cuenta un proceso de convocatoria pública.
