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El procurador Fernando Carrillo se pronunció frente al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó a Colombia por la destitución de Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá en el 2013.
Esa sanción la impuso en su momento el entonces procurador Alejandro Ordoñez, por supuestas irregularidades en el sistema de recolección de basura de Bogotá.
La sentencia de la Corte IDH concluyó que los derechos políticos de Petro fueron violados, por lo cual ordenó modificar las normas para que en un futuro no se repita esa situación.
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Ante esa orden, Carrillo dijo que, “si hay que ajustar normas disciplinarias se hará, pero no para claudicar en la lucha contra la corrupción”, es decir que la modificación en el Estado Colombiano no podrá traducirse en impunidad.
Además, advirtió que las decisiones que se han tomado contra funcionarios de elección popular no quedarán sin sustento.
“Se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han avalado las competencias disciplinarias de la PGN”, dijo en un comunicado.
La sanción contra Petro, se dio con una destitución e inhabilitad por 15 años para ejercer cargos públicos; el caso pasó por la Comisión IDH que emitió medidas cautelares a su favor y el Consejo de Estado anuló esa sanción.
La Corte IDH concluyó que la sanción impuesta por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, “no respeto la garantía de la imparcialidad, ni el principio de presunción de inocencia”.
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El Alto Tribunal internacional señaló que la falta de garantías para el exalcalde Gustavo Petro quedó evidenciada porque, “el proceso implicó que la misma autoridad fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar”.
