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Luego de recientes auditorías, la Contraloría Distrital de Cartagena reveló un supuesto detrimento patrimonial superior a los $264.000 mil millones de pesos en contratos suscritos entre el Distrito y las entidades Aguas de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).
Según los resultados de las actuaciones especiales de fiscalización, ese organismo identificó diversas irregularidades en la ejecución de estos contratos que habrían generado un significativo perjuicio a las finanzas del Distrito.
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“La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, generó informe final de actuación especial de fiscalización con relación al contrato Gisa celebrado entre el Distrito de Cartagena y Aguas de Cartagena, el cual dio como resultado cinco hallazgos con incidencia administrativa, de los cuales dos hallazgos tienen incidencia fiscal, un hallazgo con presunta incidencia penal y tres hallazgos tienen presunta incidencia disciplinaria”, expresó la contralora distrital, Ángela María Cubides González.
Para el caso del contrato con Aguas de Cartagena, la contralora detalló que encontraron 5 hallazgos con incidencia administrativa, 2 con incidencia fiscal, 1 con presunta incidencia penal y 3 con presunta incidencia disciplinaria.
Por su parte, el contrato con la UAECD arrojó 12 hallazgos administrativos, 6 con incidencia fiscal, 12 con presunta incidencia disciplinaria y dos con presunta incidencia penal.
La Contraloría ha cuantificado el detrimento patrimonial en 239.553 millones de pesos para el contrato con Aguas de Cartagena y 25.248 millones de pesos para el contrato con la UAECD, lo que suma un total de 264.801 millones de pesos.
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Ante la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría Distrital decidió trasladar los casos con presunta incidencia disciplinaria y penal a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que inicien las investigaciones correspondientes.
Finalmente, la contralora manifestó que los hallazgos con incidencia fiscal han sido remitidos a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría para su análisis y posterior trámite.
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