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Por tercera vez, Alejando Lyons es sancionado por la Procuraduría

Esto luego que Lyons reconociera que recibió $4.000 millones para mantener a un contratista como prestador del servicio de salud en Córdoba.

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Miércoles, Junio 26, 2019 - 13:51
Alejandro Lyons, exgobernador de Còrdoba.
RCN Radio.
Es la tercera vez que Procuraduría sanciona con destitución e inhabilidad al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, por irregularidades en contratación que involucran tratamientos médicos. Esta vez lo destituyó e inhabilitó por el término de 13 años por el denominado cartel de la hemofilia.  La decisión del Ministerio Público se conoce después de que Lyons reconociera que recibió $4.000 millones para mantener a un contratista como prestador del servicio de salud a supuestas personas con la enfermedad, y a cambio de dicho contrato Lyons se quedaba con el 50%. 

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La Procuraduría reprochó que la prestación del servicio era pagado por la Gobernación de Córdoba en los recobros de los medicamentos no POS de las vigencias 2013 – 2015, lo que habría permitido a Lyons incrementar injustificadamente su patrimonio.  La Procuraduría señaló que en el 2015 se firmaron una serie de contratos para atender a pacientes con hemofilia. Sin embargo, estos pacientes nunca existieron y el dinero llegó a los bolsillos de funcionarios de la gobernación y para financiar campañas políticas. Se estima que se presentó un desfalco de 2000 millones de pesos al departamento de Córdoba. 

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En otro fallo disciplinario, Lyons también fue destituido e inhabilitado por el término de 10 años, al describir irregularidades en los pagos para la prestación de servicios terapéuticos a población con síndrome de down.  Dicha irregularidad se basó en la autorización irregular del pago a la IPS Girasoles SAS, “mediante Resolución n.° 000766-2015”, para que estuviera a cargo de dichos servicios terapéuticos contenidos en el paquete integral de neurorrehabilitación que nunca se realizaron.  Lea también: Listo el convenio que garantiza la descontaminación del río Bogotá En el 2018, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por el término de 15 años  al encontrarlo responsable de las irregularidades presentadas con contratos de ciencia y tecnología.  Según el Ministerio Público, las irregularidades se presentaron en la adjudicación de cuatro convenios de cooperación para ciencia y tecnología por más de $85.700 millones de pesos.