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Ante la Procuraduría General de la Nación fue radicado un derecho de petición por medio del cual se solicita abrir una investigación para determinar si el Gobierno actuó o no de manera diligente frente a las alertas que se emitieron sobre los municipios en donde posteriormente ocurrieron las masacres.
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La solicitud la hizo Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, quien advirtió que se debe determinar si fueron acatadas o no las advertencias hechas por la Defensoría del Pueblo sobre Cali, Samaniego y Ricaurte (Nariño), al igual que en las zonas rurales de Cúcuta (Norte de Santander).
La solicitud de investigación se hace contra la actual ministra del Interior, Alicia Rango y la exministra de esa cartera Nancy Patricia Gutiérrez.
“Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación que determine si Alicia Arango, ministra del Interior y Nancy Patricia Gutiérrez, exministra de la misma cartera, tomaron las medidas pertinentes y necesarias para atender las alertas tempranas que entregó la Defensoría del Pueblo”, señala la denuncia.
Cifuentes añadió que “de no haberlo hecho, habrían incurrido en una falta disciplinaria gravísima, pero sobre todo, en un fraude ético y moral ante la incapacidad de salvar vidas, teniendo en sus manos la posibilidad de haberlo hecho. Lejos de hacer parte de alguna ideología política, proteger la vida, sobre todo cuando tenemos todas las herramientas para hacerlo, es un deber ser de todo colombiano y lo es aún más, de todo servidor público”.
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El exfuncionario indicó que tanto Arango como Gutiérrez fueron notificadas de lo que podía suceder en estas regiones del país, amenazadas por delincuentes y grupos armados ilegales.
“De nada sirve que se prendan las alarmas contra incendios si los bomberos no actúan. En otras palabras, es un hecho que la ministra Arango y la exministra Gutiérrez fueron notificadas de lo que podría pasar. Lo que no sabemos y por eso acudimos a la Procuraduría, es si actuaron o no tras conocer esa información”, sostuvo.
Cifuentes indicó además que es deber del Ministerio del Interior dar trámite de manera inmediata, a las alertas tempranas emitidas por las instituciones o la ciudadanía, sobre posibles riesgos de seguridad en algunas regiones.
Esta es la denuncia:
